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La Abogacía del Estado pide al Supremo que Junqueras ejerza como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad

En su informe plantea que "cabría permitir" la excarcelación temporal de Junqueras para realizar los trámites ante la Junta Electoral Central

La Abogacía recomienda permitir a Junqueras el cumplimiento de su misión parlamentaria de manera compatible con el cumplimiento de la sentencia del procés, a la que otorga "total validez"

En su informe reclaman a los magistrados que soliciten al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad reconocida por el Tribunal de Luxemburgo

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Oriol Junqueras en una imagen de archivo EFE

La Abogacía del Estado pide al Supremo que permita a Oriol Junqueras salir de prisión para adquirir la condición de eurodiputado y que, además se le permita el ejercicio íntegro de sus funciones de representación. El escrito de la Abogacía recomienda al Supremo solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad del líder independentista. Mientras eso no suceda, los servicios jurídicos del Estado consideran que al representante de ERC se le deben garantizar sus derechos parlamentarios. 

El escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicita que se estime el recurso de súplica interpuesto por la representación de Junqueras contra la decisión del Supremo de no concederle un permiso penitenciario para cumplir con el trámite de presentarse ante la Junta Electoral Central para adquirir la condición plena de eurodiputado. El escrito lo firma Rosa María Seoane, la abogada que participó en el juicio del procés en representación del Estado.  

Con su postura, los servicios jurídicos del Estado recomiendan permitir al líder independentista el cumplimiento de su misión parlamentaria de manera compatible con la sentencia del procés, a la que Abogacía otorga total validez al haberse dictado "con estricta observancia de las normas esenciales del proceso penal", según se refleja en el escrito. 

La Abogacía es muy específica a la hora de avalar la sentencia del procés y aclara que "en modo alguno procede su anulación" como consecuencia del posicionamiento del Tribunal de Luxemburgo (TJUE) reconociendo que los derechos políticos de Junqueras habían sido cercenados. En su escrito se califica la nueva doctrina de Luxemburgo como "novedosa y compleja" y se aclara que es a partir de ahora cuando las decisiones adoptadas en el marco del derecho nacional deberán adaptarse a las nuevas normas. 

La Abogacía considera que se debe compatibilizar el cumplimiento de la sentencia del procés con la misión parlamentaria de Junqueras. Según el escrito, es el Supremo el que debe decidir en que forma se haga posible para el líder independentista "el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario". 

En caso de atender las reclamaciones contenidas en el escrito, el Supremo deberá dictar las condiciones que permitan a Oriol Junqueras participar en la vida política europea sin que eso suponga alimentar el riesgo de fuga. Así lo señala el texto de la Abogacía en el que se indica que corresponde al tribunal del procés "aplicar las medidas que se puedan considerar más adecuadas para garantizar que la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas, no pueda dar lugar a la fuga del penado y a la correspondiente frustración del derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias".

El escrito recuerda que los tribunales españoles están obligados a cumplir las decisiones que se tomen en el ámbito del derecho europeo lo que supone que en caso de conflicto entre una norma nacional y una disposición de una institución europea, los órganos jurisdiccionales deben aplicar la disposición europea. 

El texto se esperaba desde hace una semana y a su contenido se ha otorgado un peso político inédito. ERC esperaba al informe de la Abogacía del Estado para cerrar con el PSOE el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, si bien los últimos flecos de la negociación entre republicanos y socialistas nada tenían que ver con la resolución del Supremo, sino con el formato de la mesa de negociación entre gobiernos, el calendario de trabajo y las garantías para el cumplimiento de los acuerdos.

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