El juez cita a Alfonso Grau como investigado por delito electoral

El juez que instruye el caso Imelsa ha citado a declarar el próximo día 19 como investigado, antes imputado, al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por delito electoral en la pieza separada que investiga también un supuesto blanqueo en el seno del PP de Valencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez también cita como investigados por supuestos pagos irregulares en las elecciones de 2011 al exgerente del PP provincial Antonio Moscardó, y al exalcalde de Moncada (Valencia) y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina.

Ambos, según el comunicado del TSJCV, figuran como autorizados en la cuenta bancaria que investiga el juzgado por no estar sometida a fiscalización.

Alfonso Grau, el que fuera mano derecha de Rita Barberá, y que dimitió tras su imputación en el caso Nóos, visto para sentencia, deberá comparecer ante el juez el día 19 de septiembre, al igual que Medina y Moscardó.

En la providencia, notificada hoy a las partes, el titular del juzgado de Instrucción número 18 también llama a declarar como investigado al exasesor municipal que figura como titular de otra cuenta bancaria en la que el partido ingresaba dinero procedente de la lotería de Navidad.

La providencia se ha conocido un día después de que acudiera a declarar como investigada en esta misma pieza la exsecretaria del grupo municipal del PP de Valencia Carmen García Fuster y la gerente provincial del partido, Montserrat Tello, quienes se contradijeron en su declaración sobre si el PP conocía la cuenta a la que se hacían donaciones y no se reflejaba en la contabilidad.

García-Fuster declaró que los gastos electorales que pagaba directamente el grupo municipal se los comunicaba a la dirección provincial del partido en Valencia, mientras que Tello negó que el partido tuviera conocimiento de esa cuenta opaca.

En el auto por el que el magistrado acordó en julio ampliar al delito electoral la pieza separada en la que se investigaba el blanqueo de capitales, considera que existen indicios de que el PP del Ayuntamiento de Valencia, en “ejecución de un plan preconcebido”, cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada por García Fuster y “carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP”.

Añade que de las diligencias practicadas hasta el momento, existe una “aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen local”.

El instructor entiende que “resulta razonable que la investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición”.

Estos últimos, que habrían participado en la comisión del delito “con actos conscientes de colaboración”, tendrían la consideración de cooperadores necesarios y, según el TSJCV, el delito electoral no puede imputarse al Partido Popular como persona jurídica.

En su resolución, el juez concluye que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo, por eso acuerda investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica.

En esta pieza se investigan las donaciones de mil euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones locales de 2015 y que supuestamente les fue devuelta por el partido en dos billetes de 500 para “aflorar” “un dinero en metálico, en cuantía próxima a los 50.000 euros, que podría tener su origen en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos”.