Autoridades de Honduras trasladan a 12 reos a cárcel de alta seguridad

Autoridades de Honduras trasladaron este jueves a 12 reos a una cárcel de alta seguridad ubicada en el oriente del país, informó el subdirector del Instituto Penitenciario de Honduras (INP), Germán McNiel.

Los presos fueron trasladados desde la Penitenciaría Nacional, la principal cárcel del país, al norte de Tegucigalpa, indicó McNiel a los periodistas.

El funcionario agregó que los reos fueron llevados hacia la cárcel de Morocelí, departamento oriental de El Paraíso, conocida como La Tolva.

En el centro penal de Moroceli, al noreste de Tegucigalpa, los reos cuentan con talleres de manualidades para que aprendan algún oficio y puedan reintegrarse a la sociedad al quedar en libertad.

McNiel aseguró que los traslados continuarán y obedecen al cumplimiento de la Ley del Sistema Penitenciario que indica que las personas privadas de libertad de alta peligrosidad deben permanecer en los centros penitenciarios de máxima seguridad.

En el traslado participaron agentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios.

En 2017, el Gobierno de Honduras inició una transformación del obsoleto sistema penitenciario del país, constituido por una treintena de cárceles en las que en su mayoría los reos viven en hacinamiento.

El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por unas treinta cárceles y alberga a 21.288 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.

Según las autoridades hondureñas, el 80 % de los ataques y masacres perpetradas en el país centroamericano son ordenadas por pandilleros que operan desde las cárceles, por eso muchos de ellos han sido trasladados a prisiones de alta seguridad.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este lunes que su Gobierno buscará revertir una decisión judicial que permite que reos peligrosos aislados en cárceles de máxima seguridad puedan permanecen en áreas comunes de la prisión, desde donde ordenan ataques y masacres.

La orden fue aprobada por dos juzgados de San Pedro Sula y El Progreso, en el norte del país, a petición de abogados y familiares de pandilleros presos.