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Ciudadanos propone en el Congreso denunciar en la fiscalía a los centros educativos que apoyen el referéndum
La formación naranja constata que en la última semana centros públicos de Sant Cugat del Vallés, Torderá o Cambrils han exhibido en su exterior motivos independentistas como la estelada o banderas con un 'Sí' en referencia al referéndum del próximo 1 de octubre, a lo que se suma otras actividades como la impartición de conferencias a AMPAS en centros educativos de Barcelona con el título 'Sí, Sí, Cataluña nuevo Estado' o 'La educación en el nuevo Estado'.
TAMBIÉN EN LAS UNIVERSIDADES
El partido que lidera Albert Rivera añade que también las universidades públicas catalanas como la Pompeu Fabra y la Rovira Virgili también han sido “instrumentalizadas” al servicio del 'procés'.
Ciudadanos defiende que todas estas actividades “no tienen cabida” en el marco legislativo actual porque las instituciones públicas y sus servidores “no se pueden prestar” a realizar acciones contrarias al orden constitucional.
De hecho, destaca que el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han advertido a los poderes públicos y a las autoridades, entre ellas los directores de los colegios e institutos públicos, que deben abstenerse de ejecutar cualquier actividad que suponga la ejecución o la colaboración con el referéndum porque podrían estar incursos en delitos como desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
“INCOMPRENSIBLE INACCIÓN” DEL GOBIERNO
Ciudadanos considera “incomprensible” la inacción tanto del Gobierno como de la Generalitat frente a la “instrumentalización” política de los centros educativos, unos hechos que vienen denunciando desde el pasado mes de mayo.
Por todo ello, en su proposición los de Albert Rivera instan al Gobierno a poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para que “evite la consumación de los delitos asociados a la utilización de los centros públicos con fines tan escandalosamente contrarios al orden constitucional”.
Asimismo, le emplaza a comunicar a los directores de los centros públicos la nota de prensa de la Fiscalía para que conozcan los delitos en los que podría incurrir si colaboran con actividades asociadas al referéndum, y a ejercer las funciones de la alta inspección educativa en relación con el cumplimiento de la legislación vigente frente a actividades contrarias al orden constitucional.
