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El Congreso niega que exista una lista de personas 'non gratas' para asistir a plenos

En ella figurarían algunos de los activistas que tras ser desalojados de las tribunas de invitados son enviados a Comisaría y puestos a disposición judicial.

Las normas prohíben al público "aplaudir" o "proferir gritos o exclamaciones de aprobación o desaprobación" dentro del hemiciclo.

La Constitución otorga al presidente de las Cortes poderes de “policía” dejando en sus manos las acciones que quiera tomar contra los ‘alborotadores’.

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Pasan a disposición judicial las activistas de Femen por la alteración del pleno del Congreso

Protesta de tres activistas de Femen en el pleno del Congreso.

Iván Ramírez, uno de los activistas de la PAH que fue desalojado de la tribuna del Congreso el pasado mes de febrero junto con Ada Colau y otros compañeros de la plataforma antidesahucios, está seguro de que figura en una ‘lista negra’ que elabora la Cámara baja con la gente que es desalojada del hemiciclo por montar bronca y termina luego 'fichada' en Comisaría. El Congreso niega rotundamente que exista tal lista aunque reconoce que hay una "base de datos" en la que quedan registradas las personas que tienen "antecedentes penales", motivo por el cual tienen  vetada la entrada a la Cámara.

Diversas fuentes de los trabajadores del Congreso consultadas por el diario.es aseguran, sin embargo, que ese listado de personas 'non gratas' existe y que lo maneja internamente el departamento de protocolo y la Policía Nacional de la Comisaría del Congreso, si bien todas coinciden en que "nunca va ser reconocido oficialmente". Entre esas personas, además de algunos de los activistas que han protagonizado incidentes, al menos hasta hace poco, figuraba un letrado despedido y juzgado por cometer una infracción muy grave por ejercer actividades incompatibles con su cargo.

Al igual que las tres mujeres de la organización Femen que protestaron semidesnudas contra la reforma del aborto el pasado miércoles desde la tribuna de invitados, Iván Ramírez terminó aquel día de febrero en la Comisaría de la Cámara en donde, según su versión, los agentes le acusaron de "violar la sede de la soberanía popular” y de “lanzar insultos y ofensas” contra los diputados.

Momento de la expulsión de activista de la PAH del Congreso

Momento de la expulsión del Congreso del activista de la PAH Iván Ramírez. / Captura de la señal de televisión del Congreso.

Este activista de la Plataforma Antidesahucios acompañó a Ada Colau hasta el Congreso para protestar por una reforma de la ley que ellos consideran que no arregla en absoluto ese drama social. Los gritos que profirieron contra sus señorías les costaron la expulsión de la tribuna, ordenada por el presidente, Jesús Posada. Tras el incidente, sus compañeros pudieron salir del Congreso pero a Iván varios policías le llevaron a la Comisaría de la Cámara: “Me sometieron a un interrogatorio absurdo sobre aspectos de mi vida privada y me acusaron de injurias y de desorden público mientras me recriminaban que teniendo trabajo me dedicara a ofender a los diputados”.

Por ahora, a Iván no le ha llegado ninguna notificación con los cargos de los que le acusó la Policía Nacional, algo que le ha extrañado. Dice que no descarta emprender acciones legales contra la institución parlamentaria, extremo que estudian los abogados de la Plataforma. A sus 37 años esa experiencia le ha dejado un mal sabor de boca: “Esté vetado o no, nunca voy a volver a ese antro”.

El incidente de los activistas de la PAH y de la Femen no es el único que ha vivido el Congreso a lo largo de estos dos años de legislatura, aunque este último sí es el más singular de todos. El pasado mes de  abril un grupo de afectados por las preferentes mostraron también su indignación con los diputados desde la tribuna pública del Congreso y fueron expulsados por Posada, a quien el artículo 72.3 de la Constitución, en su papel de presidente de las Cortes, otorga funciones de “policía” dejando en sus manos las acciones que quiera tomar contra los ‘alborotadores’.

A estas protestas desde dentro se suman las manifestaciones en la calle impulsadas por movimientos como el 15M o ‘Rodea el Congreso’, o la acción de miembros de Greenpeace que llegaron a encaramarse al tejado del Congreso en señal de rechazo a la reformas de la Ley de Costas, que ha promovido el Gobierno de Rajoy. Todo ello motivó que la vicepresidenta primera de la Mesa, Celia Villalobos, planteara la posibilidad de prohibir las visitas al recinto parlamentario escudándose en que el palacio estaba además en obras.

La idea fue rechazada por los demás grupos e incluso por el propio Posada, consciente de que no era una medida muy democrática. Tampoco ahora la presidencia se plantea modificar las normas, pese al notable malestar que ha causado la acción de Femen, que incluyó el temor de Posada a que las mujeres pudieran sufrir daños físicos durante el forcejeo con los ujieres y los agentes que fueron encargados de reducirlas y detenerlas.

Lo cierto es que las reglas obligan a quienes quieran acudir a un pleno a cumplir una serie de normas y requisitos recogidas en los artículos 106 y 107 del reglamento. En el Senado, donde también niegan que existan 'listas negras', quedan claras en su página web: “guardar silencio; apagar los teléfonos móviles; cuidar que no caigan objetos desde la tribuna al Salón de Sesiones; no hacer fotografías ni vídeos; abstenerse de aplaudir o de realizar cualquier manifestación de aprobación y también de proferir gritos, exclamaciones o cualesquiera otras manifestaciones de desaprobación”.

En el Congreso, todos los que quieran acudir a un pleno deben presentarse el viernes anterior a la celebración de la sesión en la puerta de la calle de Zorrilla, entre las 18 y las 20 horas, con su DNI o pasaporte para registrarse. También pueden realizar la solicitud enviando una carta, fax o correo electrónico, y adjuntando fotocopia del DNI a la Dirección de Relaciones Institucionales y al Departamento de Protocolo.

En las tribunas hay un cupo llamado ‘turno libre’ para cualquier ciudadano que lo solicite, como ha sido el caso de las tres feministas que protagonizaron este miércoles la protesta contra Gallardón. Pero, además, cada grupo parlamentario puede invitar a un número restringido de personas a ver un pleno y es su responsabilidad la "buena observancia de las reglas" por parte de sus invitados. Todos pasan por un arco de seguridad bajo la supervisión de varios ujieres y de agentes de la policía del propio Congreso que les acompañan hasta las tribunas. En algunos casos, y ante las sospechas de que los visitantes iban dispuestos a montar ‘bronca’, algunos han llegado a ser cacheados, como ocurrió tras las protestas de los actores, entre ellos Willy Toledo, que en la anterior legislatura, siendo presidente del Congreso el socialista José Bono, se significó en varias causas, entre ellas su defensa del pueblo saharaui.

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