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Convergència perdió 700.000 euros al no lograr grupo en el Congreso y acabó con 16 euros en su cuenta de campaña

Convergència perdió 700.000 euros al no lograr grupo en el Congreso y acabó con 16 euros en su cuenta de campaña

EUROPA PRESS

MADRID —

Según consta en el informe del Tribunal de Cuentas sobre ls elecciones de junio del pasado año, remitido a las Cortes y cuyo contenido recoge Europa Press, la entonces Convergència declaró 703.710,92 euros en gastos para envíos gratuitos de propaganda electoral, que contaban con los parabienes de la institución fiscalizadoras para ser sufragados con la subvención correspondiente del Estado.

Pero una de las condiciones que impone la legislación para recibir esa subvención es haber conseguido grupo parlamentario propio en el Congreso, y Convergència no lo consiguió porque no cumplía todos los requisitos que establece el Reglamento del Congreso, con lo que Francesc Homs y el resto de sus diputados fueron a parar al Grupo Mixto.

EN EL SENADO RECURRIÓ AL TC

En sus alegaciones, CDC ha recordado que interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Acuerdo de la Mesa del Senado de no admitir la constitución de grupo en la Cámara Alta --en el Congreso no recurrió--, pero el Tribunal de Cuentas entiende que esa circunstancia no desvirtúa sus conclusiones.

En otro momento del informe, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que la cuenta creada por formación independentista para hacer frente a sus gastos de campaña acabó con un saldo de 15,91 euros cuando todavía tenía pendiente el pago de facturas por valor de 2.705,45 euros, con lo que deberá usar dinero de sus cuentas corrientes de la actividad ordinaria, lo que incumple el artículo 125.1 de la Ley Electoral (LOREG), o tendrá que incorporar nuevos recursos, lo que implica incumplir la prohibición de incrementar el saldo de la cuenta electoral una vez fiscalizada.

Además, el Tribunal ha detectado que, desde su cuenta electoral, el ahora PDeCAT realizó pagos por importe de casi 3.500 euros con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación, lo que supone otro incumplimiento de la LOREG.

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