Denuncian nuevos “secuestros” de paramilitares a jóvenes en Nicaragua

El Movimiento de 19 de Abril denunció hoy dos casos de “secuestro”, perpetrados supuestamente por paramilitares, de jóvenes que han participado en protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Ken Torrez y Fener Dávila Gaitán fueron “secuestrados” en diferentes ataques, supuestamente por “pensar distinto al Gobierno”, según la denuncia del Movimiento, compuesto por manifestantes.

Familiares de los jóvenes confirmaron que estos fueron “secuestrados” por paramilitares que actuaron junto con agentes de la Policía Nacional.

Las denuncias se producen en medio de una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según las organizaciones humanitarias, la más sangrienta desde los años 80, también bajo la presidencia de Ortega, que reconoce 198 víctimas.

Torres fue capturado cerca de la ciudad de Masaya cuando participaba en una manifestación contra Ortega, mientras Dávila iba por una calle del municipio De San Juan de la Concepción cuando lo atraparon, indicaron los familiares, quienes pusieron la denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“Exijo la liberad de mi hijo porque no es delincuente, es honrado, le gusta superarse; denuncio a los paramilitares, a los policías, a Daniel y a la Chayo (Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta)”, dijo la madre de Torrez, Ana María Arteaga, a periodistas.

La hermana del otro joven, Claudia Dávila, responsabilizó “a todos los sandinista de La Concha (San Juan de la Concepción), porque se lo llevaron sano, sin rasguños”.

Según los familiares, ambos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de El Chipote, que, de acuerdo con organismos humanitarios, es un centro de tortura de la Policía Nacional.

“Este es un claro mensaje para callar a la población, para decirle que, si continúa en las marchas, esto es lo que les puede pasar”, afirmó la abogada del Cenidh, Brenda Rojas.

Conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que consiste en la “criminalización de manifestantes”, frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.

Las protestas contra Ortega y Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.