Destituido el director general del Principado implicado en el caso Pokemon

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha destituido al director general de Administración Local y exconcejal en el Ayuntamiento de Llanes, Francisco José Balmori, vinculado al denominado caso Pokemon tras haber disfrutado de una estancia hostelera supuestamente pagada por la empresa Aquagest.

Según ha informado el Gobierno regional, Balmori puso ayer su cargo a disposición del jefe del Ejecutivo después de que se conociera la decisión de imputar a la empresa los presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y pidiese información de quien sufragó su estancia y la de otros altos cargos políticos en el Balneario de Las Caldas.

En una carta remitida a Fernández, el director de Administración Local asegura que es el momento de “echarse a un lado” para no permitir que una cuestión “pendiente de aclaración” dañe al Gobierno regional o al PSOE de Asturias y de Llanes.

Balmori, que fue teniente de alcalde en este municipio del oriente de Asturias cuyo servicio de aguas gestiona la empresa Aquagest, asegura en la misiva dirigida a Fernández que “detesta” la corrupción “como político y como ciudadano” y asegura no tener “nada que ver en ella”.

“No tengo nada que ocultar y por tanto nada temo. Tanto mi patrimonio como mi forma de vida han variado bien poco desde que inicié mi actividad pública. Durante estos años pude haber cometido errores, pero jamás metí la mano ni actúe contra mis principios. Quiero que esto quede bien claro”, concluye el ex director general.

Por su parte, Fernández ha agradecido a Balmori el trabajo desempeñado en el Gobierno asturiano y ha mostrado su confianza en que la investigación abierta y, en último caso, la decisión judicial correspondiente acrediten su “honradez y rectitud”.

La providencia dictada por el juzgado número 3 de Avilés identificaba a tres personas como las que se alojaron en el Balneario de Las Caldas y que fueron, además de Balmori, Juan Ignacio Diego -actual presidente de Cantabria- y Francisco Javier Rodríguez Argüeso -consejero cántabro de Obras Públicas-.

La jueza ordena que se libre oficio al Parlamento cántabro para que certifique qué cargos ostentaban Juan Ignacio Diego y Rodríguez Argüeso en agosto de 2010 y reclama también de la Cámara asturiana que detalle el cargo de Balmori en febrero de 2010.

El Gobierno de Cantabria indicó ayer que Ignacio Diego “se paga, como es lógico, sus propios viajes privados”, y recordó que en 2010 “el único cargo que ostentaban” el presidente regional y el consejero era “el de diputados de la oposición parlamentaria en Cantabria” sin que sus cometidos “pudieran tener influencia alguna en el objeto de la instrucción judicial”.