España no pagará una indemnización millonaria por abordar un barco cazatesoros

El Tribunal Internacional del Mar ha desestimado hoy la demanda de San Vicente y las Granadinas que reclamaba a España más de 23 millones de euros por la detención en 2006 en El Puerto de Santa María (Cádiz) del “Louisa”, un barco con bandera de este estado caribeño acusado de ser un “cazatesoros”.

El tribunal, con sede en Hamburgo (Alemania) y que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, ha determinado que no tiene jurisdicción para entrar en la disputa planteada por el estado caribeño, ubicado al norte de Venezuela, contra España.

En su demanda ante el Tribunal Internacional del Mar, San Vicente y las Granadinas acusaba a España de haber abordado ilegalmente al “Louisa” el 1 de febrero de 2006 cuando el barco estaba en el muelle de El Puerto de Santa María, y de haber detenido ilegalmente y quebrantado los derechos humanos de las tres personas que en ese momento estaban en la nave.

Además, reclamaba los perjuicios para el barco y para sus propietarios de la pérdida de negocio que habían tenido al no poder utilizar la embarcación, ya que, tras la operación policial en la que fue incautado, quedó a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Cádiz.

Este juzgado continúa hoy en día, en el denominado caso “Bahía II”, la instrucción que se emprendió cuando el “Louisa” fue interceptado por la Policía, que encontró en la nave, según las autoridades españolas, varias piezas arqueológicas (balas de cañón y restos de una tinaja) así como cinco rifles de asalto y una pistola.

El “Louisa”, propiedad de dos corporaciones de Texas (EEUU), estaba en aguas españolas con permiso del Ministerio de Medio Ambiente haciendo investigaciones sobre yacimientos de gas y petróleo en el subsuelo marino, pero, tras esta operación, fue acusado por España de expoliar el patrimonio histórico subacuático y de posesión de armas de guerra en territorio español.

Mientras la instrucción continúa en el juzgado de Cádiz, en 2010 el estado en el que estaba abanderado el barco, San Vicente y las Granadinas, denunció a España en el Tribunal Internacional del Mar, que hoy ha rechazado las peticiones de indemnización del estado caribeño y determinado que cada uno de ellos pague los respectivos gastos que han tenido en el proceso, cifrados en unos 500.000 euros el reclamante y unos 500.000 dólares por la parte española.

Durante la intervención del barco, fueron detenidos dos tripulantes de nacionalidad húngara y una mujer americana, hija de uno de los responsables del barco, y días después el capitán del barco fue arrestado en Portugal.

Pero el proceso judicial por este caso ha llevado a la imputación por parte del juzgado de instrucción número 4 de Cádiz de unas diecisiete personas, entre ellas el experto en naufragios Claudio Bonifacio, que fue contratado como asesor por la compañía estadounidense que supuestamente buscaba gas y petróleo con el “Louisa”.

En una reciente entrevista con Efe, el pasado mes de abril, Bonifacio, una de las personas que destaparon que Odyssey estaba sacando a EEUU el tesoro de la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”, aseguraba que el caso, conocido como “Bahía II” era, en su opinión, una “maniobra orquestada” por la propia compañía cazatesoros.

Para demostrarlo, Claudio Bonifacio envió al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, un informe que muestra que la persona que hizo la denuncia que dio pie a la intervención policial española en el “Lousia” es un español que tiene su domicilio en la misma sede de Odyssey en Tampa (Florida).