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El Gobierno asegura que la Guardia Civil estudia fijar “cuotas” de acceso de la mujer al Cuerpo
“La Dirección General de la Guardia Civil está estudiando tanto el establecimiento de cupos para el acceso como otras medidas que permitan la plena incorporación de las mujeres en la Guardia Civil aplicándose, para ello, condiciones de igualdad y equidad”, responde por escrito el Gobierno.
La contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se refiere a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado. En dicho escrito con fecha de 26 de diciembre de 2018 se explica que la media de edad de las mujeres guardias civiles es en la actualidad de 38,83 años. El mayor empleo es el de teniente coronel, que ocupan dos mujeres.
El Gobierno desglosa los datos para explicar que existen 17 comandantes, 22 capitanes y 42 tenientes de la Guardia Civil de acuerdo a la nueva escala de oficiales. En la escala de facultativo superior hay diez mujeres; en la de oficiales, 23; en la de facultativa técnica, cinco; en la de suboficiales, 192, y en la de cabos y guardias, 5.004.
El Ejecutivo incluya una tabla por especialidad en la que hace constar que 420 mujeres forman parte del “mando/plana mayor”, 482 en Policía Judicial, 316 en Información o 2.443 en seguridad ciudadana, además de 25 en la unidad de reserva y seguridad. En la Casa del Rey hay destinadas 34 mujeres guardias civiles, mientras que en Presidencia del Gobierno son 14.
Se indica que en la actualidad el número de mujeres en situación “útil con limitaciones” es de 160. En los últimos diez años han pasado 299 a las situaciones de retiro por incapacidad permanente por patologías psicológicas, psicofísicas o mixta.
El Gobierno también explica que trabaja en la puesta en marcha de nuevas medidas de conciliación y de lucha contra el acoso laboral y sexual. Sobre este segundo tema, se especifica que está programado el desarrollo de grupos de trabajo con la asociaciones representativas para abordar la regulación de forma separada del actual protocolo frente al acoso laboral, que se aplica “de forma efectiva” desde 2013, con el objetivo de consolidar el procedimiento de actuación.
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