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Al Gobierno se le atragantan sus anuncios estrella: justicia universal, ley mordaza y prisión permanente

Las promesas de Pedro Sánchez de prohibir las devoluciones en caliente o acabar con la cadena perpetua revisable esperarán al pronunciamiento de los tribunales

Exteriores expresa su "reserva" a la recuperación de la justicia universal que dilapidó el PP permitiendo acabar con investigaciones como el asesinato de Couso

El Gobierno decidió dejar en manos del Consejo de Estado la elaboración de la propuesta para limitar los aforamientos y aún "no ha tenido noticia"

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El Gobierno garantiza la legalidad de los presupuestos ante dudas sembradas por PP y Cs

Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno el miércoles. EFE

Más allá de su debilidad parlamentaria, Pedro Sánchez está encontrando desde el Gobierno dificultades para sacar adelante algunas promesas clave del PSOE. En algunos casos es el propio Ejecutivo el que se autoimpone las limitaciones. Son los casos de la derogación de la prisión permanente revisable y la prohibición de las devoluciones en caliente, dos banderas de los socialistas para las que ahora quiere esperar al pronunciamiento de los tribunales. La recuperación de la justicia universal se ha topado con reticencias en el seno del propio Ejecutivo. 

Las tres medidas figuraban en el programa electoral con el que Sánchez se presentó a las elecciones y están sobre la mesa del Gobierno, que está analizando cómo llevarlas a cabo. Pero, por el momento, el procedimiento se dilata. Lo mismo ha sucedido con la reforma constitucional para limitar los aforamientos. Sánchez aseguró que el anteproyecto se aprobaría en el Consejo de Ministras del pasado 21 de septiembre, pero el Gobierno decidió finalmente que fuera el Consejo de Estado el que elaborara la propuesta por lo que los 60 días que calculó Moncloa no se van a cumplir. 

"El Gobierno no ha tenido noticia todavía. No tenemos el feedback del Consejo de Estado", respondió la portavoz, Isabel Celaá, este viernes. De hecho, la institución consultiva que preside María Teresa Fernández de la Vega ha pedido una prórroga, por lo que la propuesta se retrasará, como mínimo, hasta mediados de noviembre, según adelantó El Confidencial

"Eliminar la ley mordaza". Esta era la primera propuesta del programa electoral de los socialistas en su apartado de "una justicia que proteja los derechos". El PSOE recurrió esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Tribunal Constitucional y, en el comienzo de la legislatura, registró una iniciativa para su derogación en el Congreso. El trámite parlamentario está llegando a su fin y los socialistas han asumido que la ponencia se elabore a partir de la propuesta del PNV, que solo planteaba la modificación de la ley, en aras de que logre un mayor consenso.

Además, el PSOE no pretende tocar por ahora uno de los aspectos más polémicos de la ley de Jorge Fernández Díaz: las devoluciones en caliente. Los socialistas quieren esperar a que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir de la denuncia de unas personas inmigrantes que fueron devueltas a Marruecos tras saltar la valla. Estrasburgo declaró ilegales las devoluciones en caliente pero el Gobierno del PP recurrió la sentencia. El gabinete de Sánchez no retiró ese recurso y defendió a España en ese procedimiento internacional con los mismos argumentos que su antecesor. 

Ahora esperarán a la resolución final de Estrasburgo "No vamos a legislar algo sobre lo que luego una sentencia puede modificar", dijo la número dos del PSOE, Adriana Lastra, sobre las devoluciones en caliente. Fuentes socialistas se muestran convencidas de que el Tribunal Europeo reiterará su rechazo a esa práctica que permite, desde la entrada en vigor de la ley mordaza, la expulsión inmediata de las personas migrantes que pisan suelo español en Ceuta y Melilla. 

Los socialistas  tampoco tienen previsto actuar para acabar con la cadena perpetua revisable que impuso el PP con su mayoría absoluta. La oposición, incluido el PSOE, llevó al Constitucional esa modificación del Código Penal y apoyó en el Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley del PNV para revertir ese cambio. 

El Ministerio de Justicia ha confirmado que no tiene la intención de derogar la prisión permanente revisable hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La ministra, Dolores Delgado, se mostró convencida de la inconstitucionalidad de esa medida. El cambio de criterio del PSOE –ya defendido a principios de este año cuando PP y Ciudadanos avivaron el debate en plena conmoción por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz– contraviene su programa electoral: "Derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable", decía el texto con el que Sánchez se presentó a las urnas. 

Otro de los frentes abiertos en el Gobierno es la recuperación de la justicia universal con la que el PP acabó en un debate de dos horas. Sánchez se quedó impresionado por la que es ahora su ministra de Justicia precisamente en una charla sobre esa decisión de Alberto Ruiz Gallardón. A pesar de la intención del ministerio de llevar a cabo esa propuesta –ha constituido  un grupo de expertos para empezar a trabajar en su recuperación y ampliación–, la reforma ha encontrado reticencias en otro departamento: el de Exteriores. 

En Justicia eran conscientes de que se toparían con las dudas del ministerio de Josep Borrell, responsable de la diplomacia. En un informe elaborado por la Asesoría Jurídica Internacional que adelantó El Español, reconoce su "seria reserva" ante la propuesta de Delgado al considerar, entre otras cosas, que  "introduce elementos que pueden afectar directa y gravemente a las relaciones internacionales del Estado". En Justicia pretendían incorporar a la propuesta algunas de las cautelas de Exteriores, aunque fuentes del ministerio se muestran convencidas de que su criterio general se impondrá.  

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