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La Fiscalía tiene la "certeza" de que los detenidos en Catalunya iban a atentar entre el 1-O y la sentencia del procés

La Audiencia Nacional investiga delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos vinculados presuntamente a un grupo CDR de la provincia de Barcelona

La Guardia Civil asegura que han encontrado a los nueve arrestados "sustancias precursoras para la fabricación de explosivos" que se van a analizar

También se les ha intervenido un "plano de ubicación" de un cuartel de la Guardia Civil y "anotaciones" con las sustancias que componen la Goma 2

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Nueve independentistas detenidos en una operación de la Guardia Civil en Cataluña

Agentes de la Guardia Civil durante el registro de un domicilio en Sabadell (Barcelona) EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene la "certeza" de que los nueve detenidos en Catalunya acusados de preparar actos violentos vinculados a reivindicaciones independentistas iban a atentar entre el aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del procés, que se espera para próximas fechas. En una nota, el ministerio público explica que se ha decidido su detención para "abortar" unos "proyectos terroristas con fines secesionistas" que podrían haber ocasionado "daños irreparables debido a lo avanzado de sus preparativos". 

Agentes de la Guardia Civil han detenido a primera hora de este lunes a nueve personas en distintos municipios de la provincia de Barcelona acusados de preparar actos violentos. Los detenidos integran un mismo grupo de Comité de Defensa de la República (CDR), según estas mismas fuentes. Los delitos que se investigan son rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que la operación sigue abierta y que no se descartan más detenciones. Se han llevado a cabo diez registros. 

La Guardia Civil asegura en una nota que durante esos registros se han encontrado "sustancias precursoras para la fabricación de explosivos" y susceptibles de ser empleadas en la fabricación de artefactos, a la espera de la confirmación de los especialistas. El supuesto material se ha encontrado en el primer objetivo, situado en la calle Antoni Cusidó de Sabadell, han informado a eldiario.es fuentes de la investigación. Esos materiales serían ácido sulfúrico, parafina y aluminio en polvo. Fuentes de las pesquisas también señalan que se ha hallado "anotaciones con los componentes de la Goma-2" aunque en ningún caso esta sustancia. 

Los agentes se han incautado, además, de abundante documentación y material informático, dice el comunicado oficial del instituto armado. Entre estos documentos había "un plano de ubicación" de un cuartel de la Guardia Civil. Las pesquisas han sido realizadas por el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) y están dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional.

Las investigaciones arrancaron hace un año y se judicializaron como un presunto delito de terrorismo. Los detenidos son ocho hombres y una mujer. Entre ellos están Eduard Garzón y David Budria, imputados por una protesta coincidente con el traslado de los presos del procés de Lledoners a Madrid. 

De los nueve detenidos, cinco de ellos están siendo trasladados a dependencias de la Guardia Civil en la localidad de Tres Cantos (Madrid) para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional previsiblemente el jueves, cuando se agote el plazo de detención policial. Otros dos han sido trasladados a instalaciones de la Guardia Civil en Barcelona para ser interrogados y ya han sido puestos en libertad a la espera de que el juez les llame a declarar en fechas posteriores, informa Arturo Puente. Los otros dos restantes siguen presentes en los registros que continúan esta tarde. 

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha remarcado en una entrevista en Radio Nacional que la operación está bajo secreto y dependiente de la Audiencia Nacional, por lo que ha evitado hacer más valoraciones. Se ha limitado a apuntar que está todavía abierta y "todas las posibilidades caben, ya sean más registros o más detenciones".

Petición de comparecencia del ministro de Interior

Junts per Catalunya y ERC han solicitado la comparecencia del ministro del Interior en funciones para explicar en el Congreso lo que consideran una "operación criminalizadora" contra el independentismo, según ha anunciado Laura Borràs. "¿Primero detienen, después investigan?", se ha preguntado la portavoz de JuntsxCat.

El president de la Generalitat, por su parte, ha defendido que el movimiento independentista "es y será siempre pacífico". Quim Torra ha acusado al Estado de tener la "represión" como única respuesta al soberanismo y de intentar "construir un relato de violencia" justo antes de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas procesados. 

Los Comités de Defensa de la República han hecho un llamamiento a "plantar cara a la represión contra el movimiento independentista" y han convocado movilizaciones a las 19.00 de este lunes. Durante la mañana están teniendo lugar protestas frente a una de las calles donde se ha producido un registro.

"La maquinaria de las fuerzas represoras del Reino de España nos pone en el punto de mira. Por mucho que hagan registros indiscriminados y detenciones arbitrarias, no detendrán a un pueblo convencido y combativo", han expresado a través de Twitter.

Los 'comuns' piden no "banalizar el terrorismo"

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha criticado este lunes la operación de la Guardia Civil y ha acusado a la Audiencia Nacional de "banalizar el terrorismo". El diputado ha asegurado que le preocupa que "se equipare al terrorismo un movimiento como el independentista, que es eminentemente pacifista". 

"Tenemos presentes muchos casos en los que se equiparan unos hechos al terrorismo y genera alarma social pero después, con el tiempo, se desinflan", ha advertido. Se refería Asens a la detención en 2018 de Tamara Carrasco, miembro de un CDR, acusada de delitos de terrorismo y rebelión descartados posteriormente por la propia Audiencia Nacional. Tras remitir el caso a los juzgados catalanes, Carrasco permaneció confinada en su pueblo, Viladecans, durante 13 meses, hasta que la jueza de Barcelona, que todavía investiga los hechos por desórdenes públicos, puso fin a esta medida

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