IU pide un pleno urgente del Congreso contra la corrupción con la asistencia de Rajoy

IU ha pedido hoy la celebración de un pleno monográfico urgente sobre la corrupción con la comparecencia de Mariano Rajoy, antes del debate sobre el estado de la nación -el 20 y 21 de febrero-, y que el Gobierno presente medidas contra la corrupción política y empresarial en un plazo máximo de 90 días.

El líder de IU, Cayo Lara, ha explicado en una rueda de prensa en la sede de Olimpo, que la coalición pedirá este pleno a través de una proposición no de ley, que se registrará esta semana en el Congreso, acompañada de un plan contra la corrupción, que su formación defenderá en ese pleno, si finalmente tiene lugar.

Se trata de una propuesta más de IU en esta línea después de las informaciones aparecidas sobre las cuentas en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas y las relativas a un supuesto pago de sobresueldos en dinero B por parte de dirigentes del partido.

De momento, IU no contempla iniciar ninguna actuación judicial en este caso, aunque lo estudiará, al contrario de lo que ha hecho el PSOE, que “ha salido veloz” a anunciar que presentará una denuncia ante el juez del “caso Gürtel”, según Lara.

Tampoco IU se ha planteado si apoyará o no al grupo socialista en su solicitud de que se constituya una comisión de investigación en relación con esta cuestión al “no confiar” en que esta iniciativa pueda aportar más luz sobre este episodio.

Cayo Lara ha recordado en este sentido que su grupo presentó una propuesta para investigar la corrupción ocurrida en todos los años de “burbuja inmobiliaria” y el PP la rechazó hasta cinco veces. “Hay que investigar más allá del caso Bárcenas y los 22 millones. Es un proceso más largo”, ha subrayado, tras insistir en que ese periodo es “el de mayor corrupción” en España.

De acuerdo con el plan contra la corrupción que IU ha elaborado, los partidos políticos tendrán responsabilidad subsidiaria en los casos de corrupción que afecten a sus cargos; pide la modificación del Código Penal y de la Ley de Transparencia, aparte de incorporar a la legislación española las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.

Además, ha explicado Lara, IU aboga por modificar la ley de contratos de las administraciones públicas para evitar las prácticas ilegales y establecer un procedimiento de “urgencia especial” para que la Justicia actúe “con celeridad” y no tarde quince años en resolver, como ha pasado por ejemplo con Uniò.

Plantea también modificar la ley de Financiación de Partidos limitando las donaciones anónimas a diez mil euros al año.

De forma paralela, IU está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para combatir la corrupción y registrará en los próximos días en la Cámara la propuesta de Gaspar Llamazares de crear una subcomisión dentro de la comisión de Justicia, centrada en estas cuestiones.

Son iniciativas que IU está impulsando después de la “bomba de relojería” que ha supuesto, a juicio del coordinador federal, las informaciones relacionadas con Bárcenas y que detrás de ellas, quizá haya “una mano 'X'” que quiera “matar políticamente a Rajoy” -ha apuntado- pero si en el PP “hay abierta una guerra civil” no tienen porque pagarla los ciudadanos.

Hay que afrontar el fondo de todo este problema, que no es otro, ha asegurado, que la financiación irregular de los partidos, unas “mordidas” que acaban pagando los ciudadanos, con un encarecimiento de la vivienda y de los servicios públicos que se les presta.

Sobre otra información que ha publicado El Mundo y que señala que la Fundación Ideas pagó 600.000 euros a empresas de amigos y familiares de dirigentes del PSOE, que utilizaba como proveedores habituales, Lara ha advertido que si se entrar ahora en la “fase del ventilador”, la democracia se deteriorará “aún más”.

De aparecer más casos que involucren al PSOE, se demostrará que el bipartidismo “no ha sido capaz de gobernar con transparencia” y precisamente la transparencia es lo que debe garantizar -ha insistido- la financiación pública de los partidos.

En este sentido, se ha mostrado radicalmente en contra de adoptar un modelo similar al estadounidense, en el que las fuerzas políticas se sostienen básicamente a través de donaciones privadas, al entender que supondría “legalizar el fraude a los ciudadanos”.