Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press
Esta información es un teletipo de la Agencia Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.
IUCM exige al Gobierno que aclare si es cierto que Granados cobró 900.000 euros por cada colegio concertado adjudicado
Según un comunicado de la formación, Vaquero registrará una batería de preguntas para saber qué tipo de controles realizó la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, y “cómo es posible que no se diera cuenta de que había una trama mafiosa en el interior de su departamento”.
“Mientras en Madrid se han despedido a profesores de la escuela pública, se han recortado las ayudas a las becas de comedor o libros de texto y no se han construido los colegios públicos que necesita la ciudadanía, se ha sembrado la región de colegios privados que nacían concertados y a los que se les ha regalado el suelo público a costa de que Granados se embolsara 900.000 euros por cada adjudicación”, ha manifestado la diputada regional de IU.
“Queremos saber, porque la ciudadanía tiene derecho a saber, si Figar tenía conocimiento y si tiene previsto abrir una comisión de investigación dentro de la Consejería de Educación para llegar hasta el final de las responsabilidades políticas y penales”, ha enfatizado.
A su juicio, se ha “expoliado a manos llenas la educación pública en beneficio de intereses privados”, mientras los interesados pagaban sus “favores” a los gestores políticos de la Comunidad de Madrid.
“Esto no es sólo una responsabilidad de Francisco Granados, es de todo el Gobierno regional y especialmente de la consejera de Educación, Lucía Figar, y de Esperanza Aguirre”, quien era presidenta del Ejecutivo cuando supuestamente tuvieron lugar estos hechos “vergonzosos, vergonzantes y que hablan de un PP podrido de arriba a abajo”, ha aseverado.
Vaquero ha recordado que Granados “encima tuvo la poca vergüenza de denunciar a la marea verde por lucro ilegal con la venta de camisetas verdes que reivindicaban una escuela pública de todos y para todos”.
Según el diario 'ABC', en total se adjudicaron 18 colegios en la Comunidad de Madrid mediante esta operación con la empresa Alfedel, que construía los colegios y luego los traspasaba para su gestión a cooperativas de profesores.
