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Jesús Merino, el comisionista de Gürtel protegido por el PP

Facturas que demuestran que las empresas relacionadas con Jesús Merino cobraban comisiones de manera reiterada a empresas que recibían contratas de los gobierno del PP

elDiario.es

El exdiputado del PP Jesús Merino se sentaba en las próximidades de Rajoy, formaba parte de la dirección del grupo parlamentario popular y trabajó mano a mano con Soraya Sáenz de Santamaría en la oposición. De él, la sala cuarta de la Audiencia Nacional ha dicho esta semana que el PP se ha encargado de defenderle durante su falsa posición como acusación, cuando en realidad actuaba como defensa. A consecuencia de ese mimo judicial para quien, hasta la fecha, ha sido su primer diputado nacional imputado, al PP se le ha impedido ejercer la acusación en el proceso.

A Merino se le investiga por el cobro reiterado de comisiones a empresas que recibían contratas de los gobiernos del PP. Es el caso de SUFI, S.A. Esta empresa está especializada en prestación de servicios de limpieza en ayuntamientos. Según el sumario del caso Gürtel, Merino cobraba a través de la empresa de su mujer por trabajos no realizados.

La empresa donde Merino recibía presuntamente los pagos de SUFI responde al nombre de Everland. Esta consultora, administrada por la mujer de Merino, recibía pagos de las empresas a las que el PP contrataba para la prestación de servicios.

Según dos facturas, incluidas en el sumario, la empresa de la familia Merino facturaba varias veces por el mismo concepto. Es el caso de dos pagos recibidos de SUFI S.A., por supuestos asesoramientos jurídicos para un proyecto de gestión eléctrica sostenible. En esas dos facturas emitidas en años diferentes, con numeración e importes diferentes, el concepto en el que se relataba el trabajo era exactamente el mismo.

Con practicas como estas y según un informe de la Agencia Tributaria, Merino habría llegado a embolsarse 8,44 millones de euros procedentes de hasta una docena de empresas y solo entre los años 2002 y 2008. La mayoría de estas empresas de varios sectores (construcción, energía, servicios) optaba a contratos públicos en Castilla y León, comunidad de la que Merino llegó a ser vicepresidente.

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