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Un 80% de los funcionarios de los juzgados secundan su primera huelga en 20 años, según los convocantes

Unos 50.000 trabajadores están convocados para frenar la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se discute en el Senado

Se trata del primer paro en 20 años de los funcionarios cuyo trabajo más afecta a los ciudadanos, un "caos" por la inacción de PP y PSOE, según los convocantes

Una manifestación recorre el centro de Madrid como antesala del paro de jueces y fiscales del próximo lunes solicitando también más medios 

Manifestación de funcionarios de la administración de justicia a su paso por el Ministerio

Manifestación de funcionarios de la administración de justicia a su paso por el Ministerio

La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia está teniendo un seguimiento del 80% entre los 50.000 convocados, según CSIF. La intención del paro es trasladar a los ciudadanos una imagen  del "caos" que para los convocantes vive en este momento la justicia que toca de lleno a los ciudadanos por la "política errática" de los últimos gobiernos de PP y PSOE. 

Esta huelga es la primera del sector en 20 años. Al mediodía de hoy recorre el centro de Madrid una marcha para visibilizar las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia fuera de los juzgados. 

"A la huelga está llamado el personal que garantiza el funcionamiento diario de la Justicia (trámites, procedimientos, análisis de pruebas y forenses, preparación de documentación, sentencias y autos, toma de declaraciones…), mientras los políticos se reparten la cúpula judicial y acaban con la independencia de este poder del Estado y no afrontan los problemas estructurales: retrasos, caos informático, falta de medios materiales y personales...", afirma CSIF. 

La gota que ha colmado el vaso, dicen los convocantes, es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado y que abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal, lo que supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva.

Así, entre otras cosas permitirá a la Administración determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento sin atender a su especialización y de forma arbitraria; además de destruir empleo por los límites que se establece para el nombramiento de personal de refuerzo e interinos.


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