Margallo dice que no hay “ni un solo Estado de UE” dispuesto a aceptar una declaración unilateral de independencia

El ministro de Asuntos exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, advierte de que no conoce “ni un solo Estado” de la Unión europea que estuviese “dispuesto a aceptar una declaración unilateral de independencia”.

Durante su participación en una conferencia en la Universidad de Deusto en Bilbao, y preguntado por el encaje que referéndums como el planteado desde Cataluña, podrían tener en la Europa federal, ha precisado que “hablar de autodeterminación como derecho a ser independiente es contrario a la ordenación española”, pero también de la europea.

Por ello, cree que, en ese supuesto, “cualquier territorio quedaría excluido automáticamente de la UE, igual que Escocia”, y entonces “el problema es cómo entras”, para lo que “se requiere unanimidad”.

García-Margallo ha señalado que “la secesión unilateral” conllevaría quedar fuera del “mercado interior” y de las políticas comunes. Aunque ha admitido que “podría adoptar el euro como moneda”, carecería de “capacidad de decisión” porque no tendría “parte en los órganos que deciden el euro”.

“Es una vía cerrada”, ha asegurado el ministro, que ha puntualizado que, en función de los estudios existentes, una posible secesión supondría “una caída inmediata” en el PIB catalán del 20 por ciento.

HACER UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

El ministro ha insistido en la necesidad de que, “cuando alguien hace una oferta política”, debe “explicarla con absoluta claridad” y ha precisado que “la UE es una unión de Estados, que son los soberanos del tratado”, y en cuyo ordenamiento se establece que la ordenación territorial corresponde al ordenamiento interno de cada país.

En el caso de España, ha resaltado que, para contemplar una posición de autodeterminación o independencia, “hay que tirar la Constitución y hacer una completamente nueva” porque este texto recoge que “la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto” y “se fundamenta en la irresoluble unidad de la nación española”.

Asimismo, ha apuntado que, a su entender, habría que “resolver los problemas internos”, como el tema de la financiación autonómica. Por su parte, ha abogado por una reforma fiscal que “contemple todos los sujetos de derecho (estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y seguridad social)”, que tenga en cuenta “lo que han evolucionado los principios tributarios”, dado que “estamos con unas leyes que se basan en lo que estaba de moda en 1977”, y aborde “las consecuencias fiscales del envejecimiento de la población”.