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La Mesa del Congreso tumba las preguntas sobre el CNI y la supuesta relación de Juan Carlos I
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha desechado las iniciativas sin debate, limitándose a seguir el criterio fijado por los letrados de la institución, que establece que los asuntos relativos a los fondos reservados sólo puede tratarse en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso.
Así, las preguntas de Mesa no han sido calificadas porque, según establece la legislación vigente, el Gobierno no puede informar de estos asuntos si no es a través de la citada comisión. Se da la circunstancia de que, seis meses después de iniciada la legislatura este órgano, del que forman parte un miembro de cada grupo parlamentario, habitualmente el portavoz, aún no se ha creado.
En concreto, Mena pretendía que el Gobierno le aclarara si, como han publicado algunos medios de comunicación en los últimos días, el antiguo CESID utilizó fondos reservados para tapar el supuesto romance del Rey Emérito con una actriz.
En su iniciativa, el diputado se hacía eco de esos medios que aseguran que los servicios de inteligencia depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias para la actriz Bárbara Rey, en el marco de una “operación secreta” que tenía como objetivo que la actriz “no descubriera las relaciones que desde el inicio de la Transición mantenía presuntamente” con el entonces jefe del Estado y que no “difundiera unos vídeos privados”.
¿SON PARA ESO LOS FONDOS RESERVADOS?
El diputado de Esquerra Unida i Alternativa (la marca catalana de IU) detallaba en su texto que los espías españoles se encargaron de abrir una cuenta en una entidad luxemburguesa en septiembre de 1996 a la que, tres meses después, transfirieron una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros).
Tras conocer estas informaciones, Mena pedía que el Gobierno le explique si tenía conocimiento de estos hechos, le especificase cuánto dinero se pagó a Bárbara Rey y bajo qué concepto fueron esas cantidades asumidas “directa o indirectamente” por los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo preguntaba al Ejecutivo si cree que los fondos reservados están previstos para este tipo de asuntos, si los pagos se ajustaron a la ley, si tiene previsto iniciar alguna investigación para “depurar responsabilidades” y si cree que la Casa del Rey debe dar “explicaciones públicas” por este tema.
