Morales decreta indulto que beneficia a 1.800 bolivianos privados de libertad

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy la firma de un decreto presidencial para indultar y amnistiar a 1.800 personas privadas de libertad por delitos leves, sin sentencia o con problemas de salud y vulnerabilidad social.

Morales hizo el anuncio mediante una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba (centro) y especificó que los beneficiarios serán no reincidentes, menores de 28 años, mujeres cabezas del hogar, madres que viven con hijos en las cárceles o mujeres embarazadas.

“Se estima con este decreto presidencial se liberaría a cerca de 1.800 personas”, precisó el presidente.

Las personas con grados de discapacidad grave y muy grave, los ancianos o las personas con enfermedades terminales también se beneficiarán de esta medida.

Asimismo, los privados de libertad sentenciados con condenas menores a diez años y los que están en régimen de detención preventiva con delitos cuya pena es igual o menor a cinco años podrán acogerse a la amnistía.

También lo harán quienes estén pendientes de recibir sentencia por varios delitos y acumulen un tiempo en prisión mayor al de la pena que tendrían que afrontar de ser condenados por el más grave de los supuestos delitos que se le imputen.

“Si no hubiese retardación de la justicia, con seguridad muchos demostrando su inocencia o cumpliendo su sentencia podrían estar liberados”, afirmó.

El presidente pidió a abogados y facultades de Derecho que ayuden a facilitar los cauces para que las personas puedan tramitar su libertad cuando les corresponda, ya que señaló dificultades de muchos reclusos para acceder a la asistencia legal necesaria.

El Gobierno boliviano ya promulgó tres decretos de este tipo, llamados “de amnistía, indulto parcial e indulto” en los años 2012, 2013 y 2015, para sacar de las cárceles a presos con sentencias por delitos de poca gravedad o con juicios pendientes por las mismas causas.

En total, 2.794 personas se beneficiaron de estas tres normas, a las que ahora se sumarán alrededor de 1.800.

Morales dijo que el nuevo decreto, el cuarto de este tipo desde 2012, se trabajó desde una propuesta del Defensor del Pueblo, David Tezanos, y los ministerios de Gobierno (Interior) y Justicia.

“El número de personas privadas de libertad durante los últimos cuatro años se ha mantenido debido a la concesión de indultos anteriores”, señaló, dando a entender que de no ser por estas medidas la población reclusa habría aumentado considerablemente.

Según datos de junio de este año recogidos por la Defensoría del Pueblo, entonces había 14.816 reclusos en las cárceles bolivianas, que enfrentan graves problemas de hacinamiento y, en algunos casos, de violencia e inseguridad.