Las ONG, en el punto de mira del presidente Bolsonaro en Brasil

Las ONG han entrado en el punto de mira del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, después de que su Gobierno anunciara en un decreto que las fiscalizará y supervisará en una polémica decisión que ha causado enorme preocupación entre la sociedad civil.

Unas 60 asociaciones, fundaciones e instituciones no gubernamentales han alzado su voz en los últimos días contra lo que consideran una medida “anticonstitucional” que viola los principios de “independencia” y “autonomía” que garantizan su trabajo.

“No queremos ser un país donde el Estado controla lo que pensamos y lo que hacemos. Vivimos en una democracia y cada organización actúa de acuerdo a su base social”, afirmó a Efe la directora ejecutiva de Oxfam Brasil, Katia Maia.

La decisión de vigilar las oenegés fue una de las primeras que tomó Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, y se produjo horas después de asumir el cargo el pasado 1 de enero.

En un decreto en el que reorganizó las tareas de los 22 ministerios de su gabinete, el mandatario encomendó al Ministerio de la Secretaría de Gobierno “supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales” en Brasil.

Al frente de esa cartera está el general de la reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, uno de los cinco miembros de las Fuerzas Armadas que integran el Ejecutivo y quien comentó en una entrevista con TV Globo que esa supervisión será únicamente para “optimizar” los recursos que se destinan a las ONG.

El militar señaló que donde hay “dinero público” tiene que haber “transparencia” y “resultados”, sin que ello suponga interferir en la vida de las entidades, ni “restringir”.

Para Américo Sampaio, gestor de proyectos de la organización Rede Nossa Sao Paulo, la medida es “ilegal” porque “atenta contra su autonomía e independencia y no fortalece” su trabajo, “por el contrario, lo obstaculiza y crea un clima en el que parece que toda ONG tiene alguna trama o quiere ganar algo”.

“Las ONG son un patrimonio de la ciudadanía brasileña y garantizan los derechos”, manifestó a Efe Sampaio, quien agregó que “solo un 2 %” de ellas “funciona con dinero público, pues ”la inmensa mayoría trabaja con recursos privados“.

Asimismo, Maia recordó que ya existen “varios mecanismos” para supervisar los recursos del Estado destinados a la sociedad civil, ya sea a través del Tribunal de Cuentas o de la propia Fiscalía.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, trasladó esa preocupación al ministro en una reunión en Brasilia, donde le expresó que la medida podría “constituir un grave error”.

“No queda claro si esas ONG son aquellas que reciben dinero público o no, o son todas. Si uno mira el lenguaje del decreto da la impresión que son todas”, dijo Vivanco esta semana a los periodistas en Sao Paulo antes de presentar el informe sobre derechos humanos de la organización.

Según datos oficiales, en Brasil actúan unas 820.000 organizaciones no gubernamentales con diferentes fines.

A ese plan de fiscalización del Gobierno se sumó otra iniciativa del ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, quien suspendió, por un plazo de 90 días, los convenios en vigor con todas las ONG del sector.

Sin embargo, la cartera dio marcha atrás poco después y señaló en una nota que no se producirá “la suspensión unilateral” de los convenios “que ya están en desarrollo para que no haya daño al medioambiente”.

También informó que solicitará un informe a cada ONG para que relaten sus actividades y justifiquen los recursos recibidos, y a partir de ahí, decidir si se mantiene, modifica o se cancela la alianza con esa entidad.

Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, ha criticado reiteradamente las políticas ambientalistas e indigenistas impulsadas en el país, pues a su juicio están al servicio de “intereses extraterritoriales”.

También prometió poner “un punto final a todos los activismos” y acabar con la “industria de la multa” de los órganos fiscalizadores medioambientales al considerar que dificultan el desarrollo del agronegocio.

Un día después de ser investido, Bolsonaro aseguró en sus redes sociales, su principal herramienta de comunicación, que los cerca de un millón de indígenas que habitan en el país son “explotados y manipulados” por las ONG.