Oposición venezolana insiste en la inocencia de Rosales tras la suspensión del juicio

Los opositores y defensores del excandidato presidencial venezolano Manuel Rosales, señalado por corrupción, defendieron hoy la inocencia del político detenido hace casi un mes después de varios años de exilio y que volvió a su calabozo luego de que su audiencia preliminar fuera suspendida.

La vista que determinaría si hay razones para enjuiciar a Rosales fue suspendida luego de que el tribunal que lleva el caso anunciara hoy que el despacho no trabajaría, algo que, según los partidarios del político, significa mantener “secuestrado” a una persona contra la que “no se tienen pruebas”.

“No tenemos información oficial porque el tribunal no está despachando (trabajando), y extraoficialmente nos dijeron que el juez está haciendo un curso de la ley de Costos y Precios Justos”, dijo el abogado defensor Jesús Ollarves desde la sede judicial en Caracas tras precisar que desconoce los motivos del aplazamiento.

El presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) -al que pertenece Rosales-, Enrique Márquez, que acudió también a la sede judicial, aseveró que la suspensión de la audiencia “demuestra que no hay ningún elemento para mantenerlo privado de libertad”.

Esto constituye, a juicio del dirigente del partido fundado por Rosales, el “secuestro” del exgobernador del noroccidental estado Zulia, lo que comparó con los casos de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular; Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, todos considerados por la oposición como “presos políticos”.

Hasta el momento ni los abogados encargados de la defensa de Rosales, ni el tribunal, ni la Fiscalía han expuesto los motivos oficiales de la suspensión de la audiencia o cuándo se celebrará la nueva vista.

Por su parte, la esposa de Rosales, Eveling Trejo, se refirió al caso de su marido asegurando que con su detención “un inocente está privado de libertad” y que “no hay pruebas, no hay argumentos, no hay fundamentos” para el encarcelamiento del opositor, una acción de la que ella culpa directamente al Gobierno de Nicolás Maduro.

“La obstrucción de la justicia quiere derrumbar el ímpetu inquebrantable de un hombre que lucha firmemente por sus convicciones”, afirmó la actual alcaldesa de Maracaibo, capital de Zulia.

El secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró, por su parte, que el político que permaneció en el exterior varios años y que volvió al país recientemente vino “a pelear, a luchar en una condición muy difícil, en su caso desde una celda”.

Rosales tiene un proceso abierto en su país desde 2008 por supuesto enriquecimiento ilícito entre 2002-2004, cuando ejercía su mandato como gobernador de Zulia.

El también excandidato presidencial negó entonces esa acusación, huyó del país siendo entonces alcalde de Maracaibo, y se declaró como perseguido político del Gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), rival que le venció en las presidenciales de 2006.

Rosales, asilado en Perú desde 2009, aunque también estuvo en Panamá y Aruba, anunció el pasado 8 de octubre que regresaría a Venezuela para ayudar a impulsar la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre.

Fue detenido en el aeropuerto de Maracaibo el 12 de octubre, el mismo día que llegó al país y permanece detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

La defensa del político aseguró que cuenta con varios elementos que prueban la inocencia del líder de UNT, y que serán llevados a la vista preliminar una vez que esta sea convocada.

Una de “las pruebas fundamentales” que la defensa obtuvo fue la confesión del exmagistrado venezolano Eladio Aponte Aponte, quien “confesó la forma en cómo diseño y ejecutó la persecución penal de Manuel Rosales”, aseguró hoy el defensor.

Aponte, destituido en 2012 acusado de tener nexos con el narcotráfico, afirmó, cuando aún gozaba de libertad, que contra el político se había tejido “una confabulación” por parte del Gobierno Chávez, esta confesión fue notariada por el exmagistrado en Costa Rica en 2012 durante una breve estadía antes de viajar a EE.UU.

Asimismo, la defensa presentara la denuncia del exparlamentario José Pirela, que fue quien denunció a Rosales por corrupción y que luego también denuncio al exmagistrado Aponte por las presiones y el hostigamiento que, dijo, sufrió él y su familia para formular esa acusación.

Tanto los testimonios de Pirela como de Aponte Aponte han sido desestimados en ocasiones anteriores por las autoridades venezolanas.