El PP rechaza en el Congreso devolver a los ayuntamientos la competencia de los servicios sociales

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes con los votos del PP una proposición no de ley del PSOE, pactada con IU-ICV, que pedía modificar la reforma local aprobada el año pasado para devolver a los municipios las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Aunque la iniciativa socialista ha recabado el apoyo del resto de la oposición, salvo del PNV que se ha abstenido, el PP ha decidido rechazarla con su mayoría absoluta porque, tal y como ha defendido el diputado 'popular' Juan José Matarí, “los derechos sociales están mejor garantizados que nunca” gracias no sólo a la citada reforma local sino a las diferentes medidas de saneamiento financiero y apoyo a la liquidez de los municipios que ha puesto en marcha el Gobierno.

“Los derechos sociales están mejor garantizados que nunca porque las cuentas están mejor sanadas. Eso es gracias a la gestión de miles de alcaldes y también a la reforma aprobada y las medidas adoptadas por el PP y por el Gobierno de Mariano Rajoy, les guste o no les guste”, ha defendido Matarí, tras escuchar una por una las críticas de cada uno de los Grupos de la oposición.

En esta línea, el diputado del PP ha criticado que ninguna de las predicciones que hizo la oposición para tratar de frenar la reforma local se ha cumplido. “Vaticinaron un futuro negro para los ayuntamientos. Anunciaron la desaparición de municipios, de servicios sociales, privatizaciones y la pérdida de miles de empleos, y nada de eso ha ocurrido”, ha aseverado.

“Ha sido justamente lo contrario. No ha desaparecido ningún ayuntamiento. ¿Dónde están las privatizaciones masivas? No pueden dar ni un ejemplo. Y no sólo no se ha destruido empleo sino que se han creado 10.000 empleos desde la entrada en vigor de la reforma local. Como profetas no tienen precio. Confunden sus deseos con la realidad”, ha ironizado.

“BRECHA SOCIAL”

Sin embargo, para el PSOE, la entrada en vigor de la reforma local sí va a tener graves consecuencias para la administración local, como la “extinción o la privatización” de los servicios sociales, tal y como ha advertido la diputada socialista Maria Luisa Carcedo, que se ha encargado de defender la iniciativa en el Pleno.

“No se están produciendo ahorros sino recortes drásticos”, ha avisado, tras denunciar que el Gobierno desarrolló esta reforma, de carácter “ideológico”, ahorrando “a costa de considerar prescindible” los servicios sociales.

Asimismo, Carcedo ha alertado de que la reforma local va a producir “una brecha social”. “Es evidente el incremento de los índices de pobreza, la desigualdad y la necesidad cada vez mayor de la red de protección que son los servicios sociales”, ha denunciado, para añadir que también conlleva una “amenaza laboral” para los trabajadores de estos servicios.

En esta misma línea, la diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ascensión de las Heras, ha afirmado que la reforma local ha demostrado ser “nefasta, inútil e imposible de cumplir por el rechazo que ha suscitado”.

“INSTRUMENTO IDEOLÓGICO DEL PP”

“Esta ley ya se está demostrando como uno de los instrumentos más potentes a nivel ideológico del PP. Sabemos cuáles son sus oscuras intenciones”, ha avisado, tras denunciar que el PP es el “muro” que “impide” la “protección” que supone para las personas la prestación de servicios sociales por parte de los ayuntamientos.

El diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también ha mostrado su apoyo a la iniciativa del PSOE, ya que siguen manteniendo su rechazo a la reforma local aprobada por el Gobierno, al entender que supone un refuerzo del papel de las Diputaciones Provinciales: “El paradigma de administración anacrónica, innecesaria y causa de corrupción”.

Por su parte, tanto ERC como CiU han acusado al Gobierno de utilizar esta reforma para atacar la autonomía local y avanzar hacia la recentralización. “El Estado centralista del PP se sitúa en una posición de absoluta tutela de la administración local”, ha denunciado la diputada de ERC Teresa Jordà.