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El PP rechaza en el Congreso las enmiendas a la totalidad contra la ley de racionalización del sector público

PSOE dice que es un "parche" que "profundiza en el desmantelamiento de lo público" y CiU habla de "traición constitucional"

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El PP rechaza en el Congreso las enmiendas a la totalidad contra la ley de racionalización del sector público

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las siete enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición parlamentaria contra el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que seguirá así su tramitación parlamentaria.

El proyecto de ley persigue la supresión e integración de organismos de la administración, para aligerar su peso, y también servirá para simplificar trámites administrativos, de forma que prevé por ejemplo que haya una única licencia deportiva para todo el país o que el BOE sea el lugar en el que los ciudadanos consulten cualquier notificación pública que les afecte, como tablón edictal único.

El PSOE, CiU, UPyD, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, BNG y ERC habían pedido la retirada del proyecto, pero el PP ha rechazado todas las enmiendas a la totalidad (174 votos en contra frente a 128 síes). El diputado de UPN y el de Foro Asturias han votado con el Grupo Popular.

MONTORO: LUCHAR CONTRA LA "INEFICIENCIA" EN LA AA.PP.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido el proyecto dentro del trabajo del Gobierno de reforma del sector público, de lucha contra las duplicidades y la "ineficiencia" en el funcionamiento de la administración.

Montoro ha explicado que en esta norma se incluyen los organismos públicos que requieren una ley para ser reordenados, bien para integrarse o para desaparecer, y que no tiene "ningún carácter centralizador". Ha expresado además su "mejor disposición" para negociar este proyecto, que cuenta de entrada con el rechazado de todos los grupos de la oposición.

El ministro ha citado los cambios que se introducen en la Agencia de evaluación de la calidad del sistema universitario o en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, que permitirá la colaboración de los coros públicos, la creación de una gran Agencia de consumo y seguridad alimentaria o el refuerzo del Instituto de la Mujer.

El responsable de Administraciones Públicas ha citado también la introducción de la "unidad de mercado también para el deporte", al permitir que las licencias sean válidas en todo el país. Sobre este asunto, ha asegurado que se buscará evitar que las federaciones autonómicas sufran una bajada de ingresos por el pago de licencias.

TODOS EN CONTRA

Sin embargo, la portavoz socialista, Meritxell Batet, ha calificado la reforma de "mero parche" alegando que "solo persigue el adelgazamiento de las estructuras" sin que cumpla el "objetivo constitucional" de servir a los intereses generales. A su entender, se trata de un "envoltorio ampuloso para una caja vacía" y persigue convertir el sector público en "mera anécdota".

"Todo se reduce a la reducción: menos servicios, menos derechos y la calidad ha caído en picado. Y el ahorro del que presumen no sé donde está. Desde luego inexistente con lo que proponen en este proyecto de ley", ha espetado al ministro, tras quejarse de que no haya habido diálogo, "ni político ni institucional", con CCAA, ayuntamientos o demás partidos.

Es más, Batet ha calificado de "revelador" que el orden de prioridades del Gobierno pase por "suprimir órganos con fines sociales", algo que, a su juicio, "no es ahorro sino ideología". Igualmente, ha recalcado que "profundizar en el desmantelamiento de lo público" es también "más ideología". "Bajo criterios economicistas se quiere dar la espalda a la sociedad o quitar los organismos incómodos para la administración", ha lamentado, citando como ejemplo el Consejo de la Juventud.

CiU: "ANTE UNA TRAICIÓN CONSTITUCIONAL"

Desde CiU, Carles Páramo, ha asegurado que el texto del Gobierno es una "nueva vuelta de tuerca en el proceso de recentralización del Estado" y una "loapa manifiestamente inconstitucional", máxime cuando hay "escasa ambición" de reducir gasto en el ámbito de la Administración General del Estado. "Nos enfrentamos a la reforma encubierta de la Constitución y la promueven precisamente aquellos que dicen defenderla. Es un acto de traición constitucional", ha enfatizado.

Tras recordar que la reforma local aprobada por el PP y que entró en vigor hace tres meses supone un "menosprecio a la autonomía municipal", ha dicho que "nunca" antes los representantes catalanes habían estaban "tan alejados" del Estado y "nunca la fractura había estado tan abierta y lamentablemente va a más". Además, ha defendido la consulta que promueve el Gobierno catalán: "El camino está en la libertad para votar".

Por la Izquierda Plural, Alberto Garzón ha dicho que cuando se habla de racionalización se piensa en un cambio radical de la estructura pública del país, "pero no se trata de eso, es una reordenación caótica, descontrolada", ha criticado. A su juicio, el Gobierno persigue con proyectos como este devaluar las estructuras públicas y ha rechazado algunos aspectos concretos de este proyecto, como la reforma del Instituto de la Mujer.

Rosa Díez (UPyD) ha criticado el proyecto y ha dicho que cree que el Gobierno abandona el objetivo de la reforma de las administraciones públicas, pero aparenta que lo persigue. "El uso de la legislación como propaganda y cosmética se constata en esta ley, que deja fuera los asuntos esenciales. El Gobierno no quiere cambios profundos, sino retoques", ha agregado.

La portavoz ha calificado de "escandaloso" que se esté saliendo de la crisis sin abordar la reforma profunda de la estructura política y administrativa del país, lo que además permite que persista la corrupción, ha dicho. "El coste del mal gobierno superaría los 100.000 millones de euros desde que comenzó la crisis", ha apuntado.

Por el PNV, Pedro Azpiazu, ha admitido que es bueno reorganizar, "pero no a costa de romper las reglas del juego e invadir competencias". Como otros portavoces, ha sido especialmente crítico con cómo se regula la licencia deportiva única y también, que el BOE se convierta en tablón edictal único.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) ha criticado el proyecto por la disminución del sector público que supone, que no aumenta la eficacia. Y con respecto a las licencias deportivas, el diputado le ha dicho al ministro que estará pendiente de que efectivamente las federaciones autonómicas no pierdan ingresos.

ERC ha rechazado también este asunto de la licencia deportiva única, que pretende hacer desaparecer, ha dicho, las federaciones autonómicas. El BNG cree que este proyecto forma parte de la "contrareforma ansiada" por la derecha española.

PP: INVITA AL CONSENSO A LOS GRUPOS

Desde el PP, su portavoz Rafael Merino, ha recalcado que con este proyecto el Gobierno pretende "verdaderamente" modernizar la Administración Pública y hacerla "más eficaz". A renglón seguido, ha negado que el texto vulnere el sistema de distribución de competencias o el principio de autonomía que han esgrimido algunos grupos. "No existe extralimitación", ha afirmado rotundo.

Tras esgrimir argumentos para desmontar las críticas de la oposición al tablón edictal único, la licencia deportiva única, la unificación de la Aneca o la "redefinición" del Consejo de la Juventud, Merino ha animado a los grupos a retirar las enmiendas de totalidad y trabajar por el consenso. "Les invitamos a un diálogo sincero, fructífero y de consenso para lograr una administración pública del siglo XXI", ha manifestado.

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