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El PSOE pide la destitución del director de la DGT por el caos en la AP-6

Pedro Sánchez preside la primera reunión de la Ejecutiva de 2018

Irene Castro

El PSOE exige la destitución del director general de la DGT, Gregorio Serrano, por el caos en las carreteras durante la nevada del pasado día 6, especialmente en la autopista AP-6, que dejó atrapados a miles de coches durante cerca de 20 horas. La dirección de Pedro Sánchez considera que Serrano debe cesar por el “desastre de gestión” de Tráfico.

Los socialistas culpan de ese caos tanto a la concesionaria de la autopista como al Gobierno de Mariano Rajoy. El portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, ha destacado que esa carretera sea de peaje: “Una vez que se paga el peaje se crea una relación contractual entre la autopista y el usuario. La concesionaria tiene una obligación que debe cumplir, que es la libre circulación al margen de las circunstancias”.

Pero para el PSOE esa es la responsabilidad civil mientras que la política se la atribuye a los ministros de Fomento, Iñigo de la Serna, y de Interior, Juan Ignacio Zoido. El Grupo Socialista ha registrado la petición de comparecencia de ambos en el Congreso. De la Serna anunció su intención de acudir al Parlamento, aunque sin fecha. El mes de enero no es hábil por lo que habría que fijar una fecha en la Diputación Permanente.

Los socialistas no reclaman las dimisiones de los miembros del gabinete de Rajoy y esperan a la exigencia de responsabilidades a lo que se derive de dichas comparecencias. No obstante, esperan que Zoido llegue “con el cese del director general de la DGT bajo el brazo” al Congreso.

“Ha sido un desastre su gestión -ha dicho Puente sobre Serrano-. En vez de hacerla al pie de cañón lo hizo desde Sevilla no sabemos si desde el palco del Sánchez-Pizjuan”, ha dicho sobre el derbi Sevilla-Betis. El ministro Zoido siguió el partido desde el palco.

Puente ha asegurado, además, que el director general de Tráfico no debería estar en el cargo y ha recordado que Interior trató de habilitarle una vivienda destinada a la Guardia Civil de manera “ilegal” al principio de su mandato.

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