El PSOE pide la anulación de los contratos que dispararon el coste del Hospital de Burgos
El PSOE ha pedido la anulación de los contratos que aprobaron modificaciones en la concesión de las obras y el equipamiento del Nuevo Hospital de Burgos, que tiene privatizados todos sus servicios no asistenciales. Los socialistas denuncian que la ampliación del dinero público concedido a la adjudicataria se sostenía en “necesidades inexistentes” que ya figuraban en el proyecto inicial o en otras que no se han llevado a cabo.
En un escrito presentado este miércoles ante la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el PSOE solicita que declare nulos los contratos de las modificaciones de la concesión inicial. “Vamos a dar un paso más”, ha expresado el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que sostiene que existen “irregularidades” en los modificados del centro privatizado, que fue adjudicado a un conglomerado empresarial integrado, entre otros, por un fondo de capital riesgo del Banco Santander, la constructora OHL y una sociedad de Miguel Méndez Pozo, el empresario condenado por corrupción en los 90 y que está detrás de una buena parte de los proyectos urbanísticos de Burgos, como el bulevar de Gamonal o la plaza de toros.
Uno de los modificados - valorado en 47 millones de euros sin IVA- se justificaba, entre otras necesidades, en el carácter “futuro” del Nuevo Hospital de Burgos como Instituto de Investigación Sanitaria. “Dicho Instituto no se ha puesto en marcha”, sostienen los socialistas en el escrito.
Ese mismo contrato planteaba “necesidades en relación a las tecnologías de la información y de la comunicación”. Los socialistas también piden su nulidad porque recuerdan que el Estudio de Viabilidad realizado para la concesión establecía que “el concesionario deberá mantener y explotar los equipos y equipamiento médico, así como todo lo que constituya el objeto de la concesión, de conformidad con lo que, en cada momento, y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica”.
Menos metros para docencia e investigación
La otra modificación que el PSOE pide que se anule -por un importe de 56,37 millones de euros- recogía las “necesidades derivadas de la adaptación del Nuevo Hospital de Burgos para su acreditación como hospital universitario”. Los socialistas denuncian que en el proyecto original (abril de 2005) aparecían reflejados 1.608,21 metros cuadrados destinados a la Unidad de Soporte Asistencia y Docencia e Investigación“, mientras que ese área se redujo a 1.280,58 metros cuadrados en el proyecto modificado en 2009. ”Los metros destinados a docencia e investigación se reducen con la aprobación del proyecto modificado de 2009“, reza el escrito.
Algo parecido sucede con la construcción del helipuerto. En el proyecto de ejecución inicial estaba prevista esa necesidad para dar respuesta al transporte aéreo medicalizado en la región e incluso contaba con un presupuesto de 49.260 euros. Sin embargo, la modificación aprobada por el Gobierno regional lo volvió a incluir. “Es un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico”, sostienen los socialistas.
“Las mentiras y el sobrecoste perjudican gravemente la atención sanitaria en Castilla y León -ha defendido Tudanca-. Por eso pedimos su nulidad”. “El Hospital de Burgos supone una hipoteca para Castilla y León que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”, ha afirmado el líder socialista.
La Fiscalía también investiga
El centro privatizado lleva gastado más del doble del presupuesto inicial. Además, el hospital costará a los burgaleses 2.000 millones de euros en 30 años. “Las empresas concesionarias del Hospital de Burgos tienen garantizado un 7% de rentabilidad mientras los ciudadanos lo sufren”, ha recordado Tudanca. La Gerencia Regional de Salud calculó una rentabilidad anual de alrededor del 7% para los adjudicatarios en su primer plan de negocio. Con las sucesivas ampliaciones de presupuesto, el Gobierno autonómico compensó los sobrecostes para mantener la rentabilidad en un porcentaje similar: el 6,92%.
El PSOE también denunció ante el Tribunal de Cuentas las “irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital”. El órgano fiscalizador ha dado traslado recientemente a la Fiscalía de esas irregularidades. “Hay indicios de que el procedimiento ha sido irregular”, expresó entonces Tudanca, que se ha comprometido a hacer “todo lo posible” para que el centro pase a ser público en su totalidad.
