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El Parlament catalán pide que Jorge Fernández y Cosidó acudan por la presunta trama de espionaje
La comisión --donde el 30 de mayo comparecerán por el mismo caso el conseller de Interior, Ramon Espadaler, y el director general de Servicios Penitenciarios, Xavier Martorell-- ha aprobado también que acuda el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
CiU, ERC, ICV-EUiA, C's y la CUP han apoyado las dos comparecencias --reclamadas por los republicanos--, mientras que PP ha votado en contra de las mismas y los diputados del PSC se han abstenido.
Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que su abstención responde a que consideran que los miembros del Gobierno central deben rendir cuentas ante Las Cortes, por lo que han descartado apoyar las peticiones de comparecencia.
De producirse, la comparecencia de Fernández sería la primera de un ministro en el Parlament, aunque varias fuentes parlamentarias han expresado su escepticismo de que tanto el titular de Interior como el director general de la Policía acaben dando explicaciones ante la cámara catalana.
El reglamento del Parlament prevé en su artículo 48.3 que la cámara pueda requerir la presencia de autoridades y funcionarios públicos que no pertenezcan a la Generalitat “para que informen sobre cuestiones que afecten las funciones del Parlament y los intereses de Cataluña”.
Sin embargo, y aunque el mismo artículo señala que estas autoridades y funcionarios públicos de otras administraciones deben atender al requerimiento del Parlament, no existe ningún mecanismo sancionador que obligue a dichas comparecencias.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
La misma comisión deberá fijar en las próximas semanas la fecha para las comparecencias de Fernández y Cosidó, después de que, tal y como avanzó Europa Press, haya establecido para el 30 de mayo las explicaciones por la presunta trama de espionaje de Xavier Martorell y Ramon Espadaler.
Así, el debate parlamentario sobre la supuesta trama de espionaje, que estalló en febrero y tiene a la empresa Método 3 en el epicentro de la polémica, se ceñirá a la Comisión de Asuntos Institucionales, después de que el pleno rechazase con los votos de CiU, ERC y PSC abrir una comisión de investigación sobre este tema.
