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Pedro Sánchez: “El veto parental es un problema inventado por la ultraderecha”

Pedro Sánchez durante la entrevista en TVE.

Irene Castro / Cristina Armunia Berges

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Pedro Sánchez sale al ataque contra el PP por asumir los postulados de la extrema derecha de Vox en cuestiones como el veto parental que ha planteado en la Región de Murcia y que ha apoyado el líder conservador, Pablo Casado. Para el presidente del Gobierno, esa posición responde a que la “ultraderecha arrastra a la derecha a posiciones radicales y extremistas” alejándola de los consensos. “El veto es un problema inventado por la ultraderecha que no existe”, ha afirmado Sánchez en una entrevista en TVE.

“No hay pin que valga”, ha enfatizado el presidente, que ha puesto de ejemplo la educación de sus dos hijas y ha asegurado que hay mecanismos para controlar la educación que van desde las asociaciones de madres y padres hasta la inspección laboral educativa pasando por los consejos de estudiantes y el propio claustro.

Sánchez ha puesto como ejemplo para denunciar la posición del PP al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid que ha dicho que solo ha habido una queja por escrito a propósito de las charlas en horario lectivo sobre distintas cuestiones como la igualdad o la inclusión sexual que se cuestionan por parte de Vox. Además, ha recordado que los conservadores gobiernan en Murcia desde hace más de 20 años sin que hayan sacado a colación el denominado Pin parental con el que el partido de extrema derecha quiere permitir a los padres que sus hijos puedan eludir esa formación.

Para Sánchez, este es un ejemplo de que cuando gobierna el PSOE en España la derecha tiene que “montar bronca” y se saca “conejos de la chistera” como, a su juicio, es el caso del veto parental.

Reuniones con los presidentes en las capitales

Uno de los principales temas de la entrevista ha sido la situación en Catalunya. Sánchez ha asumido que la mesa de gobiernos para la negociación de una solución al conflicto político se retrasará más allá de los quince días que pactaron PSOE y ERC para la primera reunión después de la conformación de gobierno en España.

El presidente ha explicado que primero tiene que reunirse con Quim Torra, que es una condición que impuso el catalán para que la mesa comenzara a funcionar. Ese encuentro no se producirá al menos hasta la primera semana de febrero, que es la fecha que le va a proponer al jefe del Govern. Sánchez, que ya había anunciado públicamente que aceptaba esa cita tras meses de incomunicación entre ambos, ha asegurado que estará “encantado” de reunirse con Torra y ha planteado que tenga lugar en Barcelona.

Como hizo en la última ronda de llamadas a los presidentes cuando ERC le exigía en las negociaciones que reconociera a Torra como interlocutor legítimo de la Generalitat, Sánchez ha anunciado su predisposición a verse con el catalán, pero también con el resto de jefes de ejecutivos regionales en las mismas condiciones, es decir, en las respectivas capitales: “En esta ocasión seré yo quien vaya a las comunidades autónomas, a las sedes oficiales de los gobiernos autonómicos para encontrarme con los presidentes y presidentas autonómicos y hablar de los problemas reales de la ciudadanía”. La pretensión de Sánchez es que los presupuestos se aprueben antes de que acabe el verano frente a la aspiración de que estuvieran listos en el primer trimestre del año.

Sánchez ha defendido la etapa que se abre ahora respecto a la relación del Estado y Catalunya y ha defendido que esta sea la legislatura “del diálogo” tanto “social” como “generacional” y “territorial”. “Hemos acordado y ahí está el documento la necesidad de activar una comisión bilateral perfectamente constitucional para resolver esta crisis política”, ha expresado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de desjudicializar la situación: “Hay que devolver a la política una crisis y un conflicto que es político; no nos podemos situar detrás del Tribunal Supremo para dar una respuesta política que tenemos que dar nosotros y no puede dar el Tribunal Supremo.

Gestos al independentismo

“La política no se puede resignar”, ha reiterado. También ha defendido que el acuerdo contemple someter a consulta en Catalunya las conclusiones del acuerdo y ha rechazado que se trata de una votación de la autodeterminación: “Es una votación sobre un acuerdo, no sobre una división”.

Aunque ha pedido “autocrítica” a los líderes independentistas, Sánchez ha afirmado que “hay que ser empáticos” con quienes en Catalunya creen que “el Estado no reconoce su hecho diferencial” al mismo tiempo que ha reconocido que hay una “parte de catalanes” que no se sienten respaldados por el Govern. “Hay una parte de españoles que nos sentimos molestos -yo me incluyo- hablar al independentismo de que España no es una democracia. Será una democracia imperfecta, pero es una democracia”, ha reflexionado Sánchez, que ha asegurado que el español es un modelo de los más “fuertes” y “potentes” del mundo.

“Podemos hacer dos cosas: quedarnos en el reproche, el bloqueo, el lamento, la confrontación y el conflicto o dar un paso al frente para dialogar, escuchar empatizar y resolver esos conflictos”, ha dicho Sánchez, que ha asegurado que en los próximo 1.400 días su gobierno se decantará por la segunda opción.

El presidente sigue rebajando el tono contra el independentismo. Así, ha dejado atrás su promesa electoral de incluir en el Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal. “Me gustaría que no hubiera y que el independentismo catalán abandonara la vía unilateral”, se ha limitado a decir antes de recordar que el independentismo escocés reniega de la unilateralidad. Igualmente, ha deslizado que rebajaría las penas por sedición, que es la condena impuesta por el Supremo a los líderes del procés: “Hay que ir paso a paso. Es evidente que esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir. No tenemos delitos homologables a otros países europeos”. La modificación la ha dejado, en todo caso, en manos del Congreso.

Sánchez ha reclamado al PP lealtad para la resolución del conflicto catalán y otras cuestiones de Estado. “Es importante que rememos en la misma dirección. La oposición no puede bloquear el funcionamiento democrático de nuestro país”, ha señalado antes de referirse al Pacto de Toledo, a la senda de déficit o a la renovación del Poder Judicial.

Sobre el PP: “Llevan mal perder”

La negociación del Consejo General del Poder Judicial, para la que se requiere la connivencia del PP puesto que tiene que salir adelante con tres quintos de las Cortes, es una de las primeras batallas del Ejecutivo y los conservadores. “La derecha no asume los resultados electorales. Me gustaría que asumiera el resultado, hiciera oposición de Estado”, ha subrayado refiriéndose al “consenso educativo”, “el problema de nuestros mayores”... “Es un problema de temperamento llevan mal perder -ha aseverado sobre la guerra sin cuartel con la que amenaza el PP- y la segunda tiene que ver con el cálculo, están en las cortinas de humo”.

En ese punto, Sánchez se ha referido al criticado nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, que ha defendido en base a su currículum. “La oposición está en el no a todo pero no puede criticar sobre supuestos tienen que criticar sobre hechos”, ha acabado sobre Delgado, a quien le ha dado la instrucción de “actuar con independencia y autonomía y que implique el estricto cumplimiento de la legalidad”.

En su primera entrevista desde el 10N y el posterior acuerdo con Unidas Podemos, Sánchez ha justificado que aceptara tanto la coalición como la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, el principal escollo en la negociación fallida de julio que derivó en una repetición electoral. “En política, como en la vida, muchas veces la realidad está por delante y por encima de los deseos. Yo entendí el mensaje de los ciudadanos: querían un gobierno progresista, una coalición progresista. Lo acepté y lo entendí”.

De hecho, Sánchez ha salido en defensa de Iglesias tras las críticas del CGPJ por decir que fue una “humillación” para la justicia española que los tribunales europeos les quitaran la razón sobre la negativa a que Oriol Junqueras recogiera su acta de diputado: “El Gobierno emitió un comunicado claro: respaldamos las palabras del vicepresidente, apelamos al derecho a la libertad de expresión”.

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