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La Plataforma de Afectados por las Primarias denuncia a Ciudadanos ante la Fiscalía Anticorrupción

Concluyen que pudo haber delitos de "falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos, y daños informáticos"

El portavoz de la Plataforma y concejal de Villaviciosa de Odón, Miguel Sáinz y el abogado David González esperan que la Fiscalía actúe e investigue "con celeridad" los presuntos pucherazos

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el candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, junto a Albert Rivera EFE

La Plataforma de Afectados por las Primarias de Ciudadanos ha presentado este viernes una denuncia contra el partido de Albert Rivera ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid para que investigue y actúe contra la dirección nacional por los presuntos pucherazos cometidos en los procesos de primarias que tuvieron lugar el pasado mes de marzo.

Tras esos procesos, y ante las quejas de varios afectados, las únicas "irregularidades" reconocidas por Ciudadanos fueron las destapadas en Castilla y León, que terminaron invalidando la candidatura de Silvia Clemente -ex del PP fichada por el partido-, y dando por ganador al diputado Francisco Igea. Este caso está siendo investigado por la Fiscalía de Valladolid.

Esta nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que se ha materializado coincidiendo con el cierre de la campaña electoral del 26M, ha sido presentada por el representante del bufete de abogados Legal-Orbis, David González, y el portavoz de la Plataforma y concejal de Villaviciosa de Odón, Miguel Sáinz, ex edil de Cs y ahora candidato de Contigo. En ella aportan el informe particular que han realizado los peritos judiciales del bufete, por encargo de la Plataforma, en el que se considera que durante los procesos de primarias el partido pudo haber incurrido en presuntos delitos de "falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos, y daños informáticos".

Según los abogados, de confirmarse estos delitos y "haber una sentencia condenatoria", podría suponer para Ciudadanos su disolución como partido, e incluso penas de cárcel para los dirigentes a los que se considerara responsables.

Tanto Sáinz como González han acusado al partido haber sido "cicateros" por haberles entregado "tarde y mal" los datos requeridos para elaborar su informe, como los listados de la IPs desde donde se emitieron los votos, "que nos los dieron incompletos", así como "una serie de códigos de autenticación de la emisión teórica del  voto, que no tienen por qué corresponder con el voto en sí", afirman.  

La Plataforma pidió a la Comisión de Garantías y Valores del partido que realizara una auditoria externa para dirimir si una vez que se destapó el pucherazo en Castilla y León había habido mala praxis también en otros procesos. Pero al ver que este órgano interno de Cs daba carpetazo al asunto los afectados decidieron investigar por su cuenta. 

Según el citado informe, el partido se saltó "los trámites legales establecidos para el voto telemático, simulando y manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido", por lo que entienden que "se habría incurrido en una responsabilidad penal del artículo 31 bis de nuestro Código Penal" al "actuar en nombre o por cuenta del partido político, para intereses ajenos y de terceros".

También observan que "se ha omitido la adopción de medidas de precaución y control exigibles para garantizar el desarrollo legal de su actividad, sin prestar la debida y razonable diligencia", y tampoco se han aplicado "las medidas técnicas, organizativas y personales fundamentalmente vinculadas a los protocolos de minimización de riesgos delictivos y a los códigos de ética y conducta recogidos en los propios estatutos del partido, sobre todo en lo concerniente a su artículo 12".

Los demandantes han insistido en que la Fiscalía debe investigar "con celeridad" si hay "suficientes indicios de criminalidad" y hubo fraude en las primarias.

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