Pueblos sin candidatos políticos: “Muchas veces hay que forzar a un vecino para que sea alcalde”
Los vecinos del pequeño pueblo de Muruzábal, en Navarra, no podrán elegir quién quieren que sea su alcalde el próximo 26 de mayo porque nadie se ha presentado a las elecciones. Como ocurre en estos casos, tendrán que esperar seis meses para la repetición de los comicios municipales y confiar en que, entonces, alguien se anime a ponerse al frente del ayuntamiento y presente una lista que, en la mayoría de los casos, suele estar formada por vecinos que quieren evitar que la diputación forme una gestora que se encargue de la administración. En 2015 ya se dio una situación similar, pero un grupo de vecinos convencieron a uno de los antiguos concejales para ser alcalde y presentaron una candidatura en segunda vuelta. “Antes de que viniera una gestora o uno de fuera, aceptamos”, explica el alcalde, José Ignacio Valencia.
Muruzábal es uno de los 31 municipios navarros donde nadie se presenta a las elecciones. En 2015 fueron, en total, una treintena -24 eran navarros-, aunque finalmente solo se constituyeron 13 comisiones gestoras en 2016 tras la repetición electoral, según datos del ministerio de política territorial. “Son pueblos de un tamaño muy pequeño, normalmente de menos de 500 habitantes y con población bastante envejecida. Hay que formar listas, presentar candidaturas y, en general, es fácil que no haya voluntarios. Muchas veces lo que hay que hacer es casi forzar a un vecino para que concurra o se presente a alcalde o concejal”, explica el responsable de comunicación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Jesús Echaide.
José Ignacio, de 74 años, ya sabe que tendrá que seguir como alcalde hasta que se repitan las elecciones en su pueblo. No descuida las tareas del día a día: atiende a los vecinos en el ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes: “No es una obligación, pero me gusta y, como estoy jubilado, dispongo del tiempo”, dice. Se encarga de los preparativos de las fiestas, que serán en agosto; y presume de lo hecho hasta ahora: “Estamos contentos porque se ha hecho un parque infantil, hemos puesto led en toda la iluminación del pueblo, riego en muchas zonas verdes y toda la canalización de la fibra óptica; la gente lo ve y lo agradece”. Pero ahora tiene otra misión, “procurar que de aquí a noviembre se pueda conseguir una candidatura para evitar que vengan unas gestoras o partidos políticos que ni viven aquí ni conocen el pueblo”, explica.
En 2011 y en 2007 sí había habido una candidatura, pero formada por vecinos, la Agrupación Independiente de Muruzábal. “Más de una candidatura no se ha presentado nunca, creo que no. Y aquí candidaturas con siglas de PP, PSOE... no he visto”, reconoce Valencia. ¿Echan de menos el debate político en el pueblo? “Aquí nos conformamos con que se presente una candidatura. Los que se presenten no sé de qué ideas políticas van a ser, pero sin son gente del pueblo...”.
“No me quería presentar, pero no hubo manera”
En Villamayor de los Montes, en Burgos, ya saben quién ganará las elecciones, porque solo se presenta el PSOE. Una situación que ya se dio en 2007. En 2011 se presentó una agrupación de electores independiente y en 2015, nadie. Tampoco en las segundas elecciones, por lo que hubo que formar una gestora. En estos casos, la diputación intenta, en primera instancia, que esté compuesta por vecinos, por lo que suele tantear a la corporación saliente. “Yo había estado ya ocho años y no me quería presentar, pero no hubo manera. Tuvimos que hacer un pequeño esfuerzo para que no se quedara la diputación”, recuerda Eugenio Calvo, que se hizo entonces cargo del pueblo, aunque tuvo que dejarlo un par de años después por motivos de salud. “Los médicos me recomendaron que dejara ese tema y bueno... Como te lo tomes muy a pecho, pues claro...”.
Tomó entonces el relevo el actual presidente de la gestora, al que todo el mundo llama alcalde, Rafael González, también del pueblo. “Es mejor regir uno la casa que conoce que no que venga de fuera, por mal que lo hagamos”, defiende. Él trabaja en Burgos y reconoce que “se acumula mucho el trabajo”. “Aquí faltan horas y solo para firmar los papeles”, admite a la vez que explica que “el dinero que viene de la diputación es escaso y las cosas se tienen que hacer a base de tiempo”. “La gente al ser mayor ya no tiene ganas y no hay muchos jóvenes”, lamenta.
La situación se agrava en las entidades locales menores, concejos, parroquias o entidades municipales descentralizadas, según la zona, porque la no concurrencia de candidaturas puede provocar la desaparición de los mismos. En España existen cerca de 3.700, de las que el 60% está en Castilla y León, donde esta situación ya ha provocado que algunas de estas administraciones de ámbito rural pasen a formar parte del ayuntamiento al que pertenecen, como una especie de barrio más. Solo en León, en los últimos trece años, han desaparecido 12 juntas vecinales, según ha contabilizado el Diario de León, y para estos comicios no tienen candidatos una veintena.
En Navarra, por ejemplo, el número de concejos que no presentan candidatura este año ha disminuido respecto a los comicios anteriores. Son 84 frente a los 109 de hace cuatro años. Esta disminución se debe, según explica Echaide, “seguramente a la reforma del Mapa Local, que abre la posibilidad a que se extingan si no se presentan candidaturas en dos elecciones seguidas”. En Asturias, otra de las regiones donde estas administraciones tiene gran implantación, solo una de las 39 parroquias rurales no ha tenido candidatos: Sandamías, en Pravia. En Lleida, la única entidad municipal descentralizada donde nadie quiere ser alcalde pedáneo es Àreu.
“Una pérdida democrática”
“Desde el punto de vista democrático siempre es una pérdida, porque la mayoría son comunidades históricas, los antiguos concejos que llevan funcionando siete u ocho siglos”, explica el secretario general de la Federación de Concejos de España, Carlos González-Antón. “En muchas zonas rurales de León, Burgos, Palencia, Asturias, Álava... estas administraciones en el ámbito rural son el primer escalón del Estado, por lo tanto, resulta clave que se mantengan”, defiende.
El presidente de la junta gestora de Huerga de Frailes, en el municipio leonés de Villazala, Víctor Manuel Franco, tiene que claro que no se va “a poder quitar” si no tiene “garantizado que va a continuar la junta vecinal”. Y parece difícil que esto ocurra: “En 2015 no se presentó nadie a la junta vecinal y los que estábamos tuvimos que continuar como junta gestora. El problema es que no hay nadie que quiera coger el relevo. Carecemos de financiación, cada vez hay más trámites y problemas y la gente se raja”, explica antes de recordar que “si no se consigue constituir la junta gestora, en última instancia se pasa al trámite de suspensión”.
¿Va a encontrar vecinos dispuestos a formar parte de una nueva junta? “No lo sé, es muy difícil, porque la junta está descapitalizada y cuando no hay dinero es muy difícil gestionar nada. El ayuntamiento es quien recibe los fondos y todo tiene que pasar por él, que te puede bloquear”, explica. Franco lamenta también que las juntas vecinales estén abocadas a desaparecer porque “el Estado quiere que desaparezcan. No pasas por partidos políticos ni por diputaciones, aquí se hace lo que en el pueblo consideramos que se debe hacer. Eso en Madrid molesta, así que nos cortan el grifo, nos dejan sin financiación y, más tarde o más temprano, acabaremos desapareciendo”, opina.
En Huerga de Fráiles están empadronados unos 120 habitantes, aunque solo viven unos 80, “porque la mayor parte son gente de mucha edad, que se van a vivir con sus hijos”, explica Franco “y el año pasado se enterraron 15 personas”. Entre las mejoras que ha llevado a cabo la junta gestora en la última legislatura están la reforma de la escuela para convertirla en una cafetería pública, la construcción de un nuevo cementerio, la reforma del sistema de cloración y bombeo del agua y otras obras públicas, como un parque, desbroces, zonas verdes... “un poco de todo, lo que se ha podido”, enumera el Franco, que maneja un presupuesto de entre 12.000 y 14.000 euros al año.
González-Antón indica que “todas las políticas contra la despoblación buscan empoderar a las comunidades locales y cuando desaparecen los ciudadanos se desafectan de los temas públicos”, añade. Y justifica la ausencia de candidatos: “Si la gente no se presenta, es porque pasa algo. El Estado tiene que buscar la calidad democrática en todos los territorios”.
