Ratifican los 13 años de prisión para la activista argentina Milagro Sala

La Justicia argentina ratificó este viernes la condena de 13 años de prisión a la dirigente social Milagro Sala, quien lleva cuatro años bajo arresto.

La resolución del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ) confirmó la sentencia de enero del año pasado, en la que se consideró que la dirigente de la organización política argentina Tupac Amaru era “jefa de una asociación ilícita” en el marco de la causa “Pibes Villeros”, contra Sala y otros 29 imputados.

Tras conocer la decisión de la máxima instancia judicial provincial, el abogado defensor de la líder de la Tupac Amaru, Luis Paz, adelantó a la agencia estatal Télam que presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el juicio de los “Pibes Villeros” se investigó a otras 29 personas, entre ellas ex funcionarios provinciales y cooperativistas.

Los jueces del STJ resolvieron rechazar un recurso de inconstitucionalidad de la pena presentado por los abogados de la dirigente social y otros acusados.

Por otra parte, absolvieron a Raúl Noro, esposo de la dirigente social, “por el beneficio de la duda”.

SALA CONSIDERA AL GOBERNADOR SU “CARCELERO”

Este jueves, antes de conocer el nuevo revés judicial en su contra, Sala criticó al gobernador provincial, Gerardo Morales, del opositor Frente Cambia Jujuy, al asegurar que es su “carcelero”.

“Sigue usándome a mí para poder gobernar porque él entiende que si sale Milagro Sala no va a poder gobernar”, dijo la dirigente social a radio El Destape.

La agrupación Tupac Amaru de Sala creció ampliamente durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), de los que recibió millonarios aportes financieros para la construcción de viviendas e infraestructura en Jujuy, una provincia con alto nivel de pobreza en la frontera con Bolivia.

La dirigente fue detenida el 16 de enero de 2016 en Jujuy, poco más de un mes después de la asunción del conservador Mauricio Macri (2015-2019), cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador provincial, aliado del entonces presidente.

Sala, que llegó a ser elegida en 2015 para ocupar un escaño en el Parlamento del Mercosur por el Frente de la Victoria, de corte kirchnerista, también afronta una condena de 4 años en la causa conocida como “Luca Arias”, que dictaminó que agredió a un dirigente social jujeño en 2006.

La causa prescribió en 2009, pero fue reabierta en 2016 por orden del Juez Pablo Pullen Llermanos, a quien las fuentes de la acusada apuntaron como un “aliado judicial del contador Gerardo Morales, como parte del entramado de persecución y hostigamiento que sufren las organizaciones sociales en la provincia de Jujuy”.

PEDIDOS DE LIBERACIÓN POPULARES Y POLÍTICOS

Desde la detención de Sala se han realizado numerosos actos para pedir su libertad, el último de ellos este miércoles cuando decenas de militantes de la Tupac Amaru realizaron un campamento improvisado frente al tradicional Obelisco de la capital argentina.

Tampoco han faltado las voces dentro de la política argentina que consideran que Sala y y otros dirigentes kirchneristas son “presos políticos”, entre ellos el ministro de Interior argentino, Eduardo de Pedro.

Sin embargo, el presidente del país suramericano, Alberto Fernández, evita utilizar este término y prefiere hablar de “detenidos arbitrarios”.