Relatora constata un deterioro de la situación durante una visita a Birmania

La relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Yanghee Lee, constató en su sexta visita realizada al país asiático un deterioro de la situación y denunció los obstáculos que le pusieron las autoridades.

“Me quedé pasmada cuando el Gobierno me pidió que le garantizara que no llevaría a cabo ninguna actividad relacionada con la misión investigadora (de la ONU sobre los abusos del Ejército) durante mi visita”, dijo Lee en comunicado emitido anoche como resumen de su estancia de 12 días.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció el pasado marzo una misión internacional para que investigase las denuncias de abusos cometidos por los militares y los cuerpos de seguridad birmanos, en particular en el estado Rakáin (oeste).

“Además de las restricciones de acceso, las personas con las que hablo siguen siendo víctimas de intimidaciones, incluso son fotografiados, interrogados antes y después de mis reuniones y, en un caso, incluso le siguieron. Esto es inaceptable”, dijo Lee.

“Esta es mi tercera visita con el nuevo Gobierno y debo manifestar mi descontento al ver que siguen en práctica las tácticas aplicadas por los Gobiernos previos”, añadió la relatora surcoreana.

Lee visitó partes de los estados de Rakáin, Kayin (sureste) y Shan (noreste) y habló con las autoridades en Naipyidó y Rangún, y como ocurrió en su anterior visita, en enero, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, declinó entrevistarse con ella.

En esta ocasión, los ministros de Defensa, Interior, Transporte y Comunicaciones y Cultura y Asuntos Religiosos tampoco se reunieron con ella.

Las Fuerzas Armadas controlan las carteras de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos, entre otros poderes, como un cuarto de los escaños parlamentarios, que se autoconcedieron en la Constitución de 2008, aprobada durante la última junta militar.

Lee dijo que comprende “que el nuevo Gobierno desee normalizar su relación con la ONU”, pero “Myanmar primero tiene que convertirse en un país que necesite menos atención y vigilancia”.

La relatora especial indico que la situación en el norte del estado Shan ha empeorado; y que en el estado Kachin (noroeste) “es extremadamente seria” y sin que la ONU o onegés tengan acceso desde hace más de un año.

“La situación general de los rohinyás (una minoría musulmana que las autoridades birmanas consideran en general emigrantes bengalíes) difícilmente ha mejorado desde mi última visita en enero, y se ha complicado más en el norte de Rakáin”, apuntó Lee.

La surcoreana recordó que hay rohinyás en campamentos de desplazados a los que se les aseguró que era una situación temporal que duraría tres días y llevan cinco años.

El asesinato de una birmana budista a manos de tres musulmanes en 2012 desató una ola de violencia sectaria que causó al menos 160 muertos y dejó unos 120.000 rihinyás desplazados.

El ataque a tres puestos fronterizos en Rakáin el 9 de octubre pasado perpetrado por supuestos rohinyás desató una campaña de represalia del Ejército muy condenada por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Lee también habló, entre otras violaciones de los derechos humanos, de periodistas detenidos por ejercer su trabajo, de 67 menores desmovilizados por las Fuerzas Armadas y de otros reclutados en las zonas donde el Ejército combate a las guerrillas étnicas.

Después de más de medio siglo de dictadura militar, Birmania estrenó en 2016 el primer gobierno civil democrático, el dirigido por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.