Sánchez afronta una lluvia de reclamaciones económicas mientras acelera las desescalada en municipios de menos de 10.000 habitantes

Remiten los datos de muertos y contagios y aumentan las demandas de recursos. La décima Conferencia de Presidentes telemática ha abierto la ventanilla de quejas económicas. El qué hay de lo mío marcó las intervenciones de gran parte de los líderes territoriales. Catalunya reclama al Estado de 4.000 millones mientras que Galicia y Andalucía cuestionan el reparto del fondo de 16.000 millones anunciado por el Gobierno, que creen insuficiente mientras Euskadi pide reforzar la cogobernanza para asuntos como el ingreso mínimo vital o la desescalada en educación.

Los datos son “francamente esperanzadores”: 87 fallecidos, la cifra más baja desde estado de alarma; 421 nuevos casos diagnosticados; 327 hospitalizados y 28 ingresos en UCI. Así arrancó Pedro Sánchez la décima Conferencia de Presidentes telemática. “Así que quiero daros las gracias. Enhorabuena por el esfuerzo compartido . Creo que estos datos invitan a perseverar en la línea que hemos iniciado a lo largo de esta última semana en la fase de desescalada”, afirmó el presidente del Gobierno.

Un domingo más, una semana más, una prórroga más y una desescalada a varias velocidades. Tiempo ahora para los municipios de menos de 10.000 habitantes, que según anunció Sánchez, quedarán exentos desde el lunes las franjas horarias para hacer deporte y pasear fijadas para el resto del territorio. Esta era una excepción que actualmente estaba en vigor únicamente para las localidades de menos de 5.000 habitantes, cuyos vecinos pueden salir de sus casas para pasear o hacer deporte en cualquier momento entre las 6 de la mañana y las 23 horas. La decisión se publicará en una orden ministerial “en los próximos días”, según ha explicado posteriormente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha dicho que habrá también “otro tipo de flexibilización” a partir de las “propuestas muy trabajadas” de las comunidades que intentarán que queden “integradas”.

Sobre el estado de alarma, Sánchez anunció a los presidentes autonómicos cambios profundos y confío en que la anunciada para un mes sea última prórroga. El Gobierno sigue sosteniendo que el artículo 116 de la Constitución ha funcionado y es, en su opinión, el único instrumento jurídico posible para restringir la movilidad y el derecho de reunión. Sánchez tuvo palabras de agradecimiento paras las Comunidades que siguen en fase 0 -Cataluña, Madrid y Castilla y León- y quiso reconocer el trabajo de los tres gobiernos autonómicos y la colaboración que están teniendo con los equipos técnicos del Ministerio de Sanidad.

Todo esto mientras las Autonomías mantienen su lista de peticiones al Estado. La primera Euskadi. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado que se establezca un nuevo “marco legal” que refuerce el modelo de cogobernanza especialmente en asuntos que todavía no están muy definidos como las políticas activas de empleo, el ingreso mínimo vital o la desescalada en educación.

Urkullu ha planteado cinco propuestas tras la experiencia obtenida por el paso del País Vasco a la fase 1. Así, ha pedido que se fije un criterio general para uso de mascarillas en espacios cerrados o donde no se garantice la distancia. “A más movilidad, más mascarillas”, propuso. También ha asegurado que ahora “no tiene mucho sentido” mantener las franjas horarios para pasear o hacer deporte, aunque sí considera importante reforzar medidas de distanciamiento físico para las personas. Por otro lado, ha reclamado elevar al 50% el aforo en eventos culturales y hostelería, que se permita la realización libre de turismo activo en naturaleza, como senderismo; y que se favorezca la actividad educativa presencial.

Desde Catalunya, Quim Torra, criticó que se restrinja el derecho a la manifestación durante el estado de alarma y defendió que debe asegurarse también durante la pandemia. De hecho, recordó que el Govern ha elaborado un protocolo para regular las manifestaciones y se ofreció a compartirlo con sus homólogos territoriales. Torra ha reivindicado el “derecho de protesta” y criticado el “rastreo de las redes sociales” para evitar situaciones que supongan “conflictividad social o separatista”. “Quien quiera protestar tiene que poder ejercer este derecho”, sentenció. También comunicó a Sánchez que se opondrán al mantenimiento del estado de alarma mientras la Generalitat no recupere las competencias autonómicas. El Gobierno negocia con ERC para que vuelva a la abstención y el presidente anunció este sábado una nueva prórroga hasta que acabe la desescalada, pero dejando el mando único en mínimos: solo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantendrá competencias sobre las autonomías.

Torra insistió en reclamar al Estado 4.000 millones de euros por el gasto extra que calcula que ha generado la COVID-19 en su región. Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un fondo no reembolsable de 16.000 millones a repartir entre todas las Comunidades en función de la incidencia de la enfermedad en cada autonomía, los efectos que ha generado en las arcas públicas el parón económico y la población.

El reparto tampoco convenció al popular Alberto Núñez Feijóo, que pidió que se cierren ya los criterios “porque si lo dejamos para después del verano, no vamos a poder ejecutar esos fondos”. Planteó que si dentro del Fondo de Reconstrucción europeo se incluyen 200.000 millones para Sanidad, a España le corresponderían más de los 16.000 millones que el Gobierno ha concedido a las Comunidades para todo. Su planteamiento es que los territorios, deben recibir aún más recursos.

En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, urgió a fijar ya el criterio de reparto de los 16.000 millones y a que se busque una fórmula de consenso porque le preocupa qué entiende el Ministerio de Sanidad por gasto COVID y qué no, ya que se han tenido que reorganizar servicios para atender la pandemia. Asimismo, volvió a reclamar el dinero de las políticas activas de empleo.

El cántabro Miguel Ángel Revilla se descolgó con un estudio de la Universidad de Cantabria que, entre otras cuestiones, refleja el esfuerzo realizado por las diferentes Autonomías para mejorar la sanidad. Y sostuvo que había que establecer el criterio de reparto según el esfuerzo inversor de cada una de ellas que ahora ha permitido obtener mejores resultados en la lucha contra la pandemia. Dicho de otro modo, que en el reparto se tenga en cuenta el esfuerzo en gasto sanitario que en el pasado hizo cada Autonomía y que ahora ha supuesto que la pandemia tenga menos impacto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró tras la reunión se está “trabajando en una propuesta justa” que “cumpla con el objetivo” con el que se lanzó ese fondo que es “atender al gasto ocasionado por la pandemia” en la misma línea que España ha reclamado a la UE para que el reparto de fondos “compense a los países con mayor impacto de la pandemia”. Así, Montero ha asegurado que se han ido aceptando algunas “sugerencias” de las autonomías, como el cambio de “población ajustada a población protegida equivalente” o que se ponderen los PCR realizados y no solo los positivos. También ha dicho que se está valorando “dar un mayor peso a la población” en la ponderación de la distribución del fondo.

De “la gilipollez” de Barbón al “abrazo” de Puig

El asturiano Adrián Barbón no se refirió al reparto del fondo, pero sí a la encuesta de prevalencia cuyos datos se conocieron esta semana para exhortar que “a la luz del estudio”, quien defiende la “inmunidad del rebaño” es “la mayor gilipollez que se haya dicho nunca, porque sólo causaría miles de muertos”.

Por su parte, el valenciano Ximo Puig, prefirió lanzar un mensaje de concordia, unión y de esperanza. Recordó que ayer murió Juan Genovés, “un gran artista valenciano y español que simbolizó en gran parte la transición con el cuadro de 'El Abrazo'” y defendió en este contexto que “hoy más que nunca necesitamos un nuevo abrazo que elimine el odio que algunos quieren inocular en las calles”.

Luego, reclamó la reanudación de la actividad judicial porque la justicia “es un servicio esencial y los ciudadanos no pueden ni deben tener limitado tanto tiempo el derecho a la tutela judicial efectiva”. Dato: solo en la Comunidad valenciana hay más de 20.000 juicios suspendidos. También pidió hacer un esfuerzo para trasladar a los jóvenes los riesgos a los que estamos sometidos y la necesidad de mantener las recomendaciones. Y, ya en fase 1, agradeció al presidente Sánchez y al ministro Illa el ejercicio de codecisión que se ha hecho esta semana con la Comunitat valenciana, al tiempo que defendió el uso de las playas, ya que, “poder ir a la playa no tiene ninguna peligrosidad. Es un espacio ventilado, donde se pueden marcar distancias en las que no tiene que haber ningún tipo de problema”. En materia económica, predijo que este año los ingresos públicos caerán en en 50.000 millones mientras el gasto aumentará en 60.000 millones, lo que supondrá un enorme esfuerzo de eficacia y prioridad en las actuaciones para aprovechar al máximo los recursos de los que dispongamos.

“Los datos evolucionan de una manera sinceramente muy positiva, tenemos prohibido hablar de éxito porque con tantos muertos de por medio es imposible. Pero lo cierto y verdad es que, más allá de las críticas, los matices y las diferencias de unos y otros, aquí nadie se ha escondido, todo el mundo ha ejercido su responsabilidad, aunque tuviera que estar bajo una dependencia del Estado”, arrancó el castellano-manchego Emiliano García-Page, para destacar que todo el mundo “ha estado a la altura”. También demandó un sistema de coordinación nacional, que “no de centralización porque ya sé que es una palabra maldita”, hasta que acabe la pandemia y que incluya un sistema claro de liderazgo.

Luego ironizó con el término cogobernanza, que no deja de ser “el Estado autonómico que tenemos”, por lo que llamó “artista” a Sánchez por el hallazgo del término al tiempo que apostó en esta nueva fase por la colaboración con los ayuntamientos. Como Urkullu y Torra, el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos ocupó buena parte de su intervención. Y lo mismo la necesidad de prorrogar el estado de alarma, que también apoyaron los socialistas Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán, a diferencia de los populares que en ningún momento se refirieron al asunto.

El aragonés Javier Lambán emplazó a trabajar con urgencia en el plan de rescate de turismo nacional y un plan nacional de conciliación, así como en medidas económicas de futuro para residencias.

La intervención más esperada, por su confrontación permanente con Sánchez, fue la de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que defendió, en contra de los criterios técnicos, que su región ha cumplido “todos los parámetros y lo hemos demostrado”, por lo que tenía que haber pasado ya a la Fase 1. Dijo que cada semana se pierden 18.000 puestos de trabajo, que suponen el 20% del PIB y que Madrid irá a la “quiebra absoluta”. Acto seguido, detalló la cronología de cómo fue la comunicación por parte de Sanidad a la Comunidad de Madrid de que no pasaba a la Fase 1 hasta concluir que su gobierno se enteró por los medios de comunicación del detalle del informe. “No es forma de trabajar, no es de recibo”, se quejó.

“Tengo la responsabilidad de administrar la vida y obra de 7 millones de personas”, sentenció antes de emplazar al presidente Sánchez a que respondiera a preguntas que le ha planteado en varias conferencias y han quedado sin respuesta: “¿Quién decide que Madrid no está preparada? ¿Por qué no se hace público el informe de la semana pasada? ¿Dónde puedo contrastarlo con los informes de otras Comunidades para ver si se ha aplicado la misma vara de medir? ¿Por qué la semana pasada no hubo informe y ésta, sí? ¿Por qué nuestro informe lo conoció un medio de Comunicación antes que la Consejería de Sanidad? ¿Por qué está dando una imagen de la Sanidad de Madrid tan injusta, como si fuera tercermundista? ¿No ven que nos están arruinando?”.

En su respuesta final a todos los presidentes pero sin mencionar a Ayuso, Sánchez coincidió con el extremeño Fernández Cara en que “nuestros expertos los conocemos todos porque son los equipos de Salud Pública” y recalcó que nadie debe poner en duda “el esfuerzo de transparencia que estamos haciendo todos”. También compartió la visión del presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en que “no podrá haber recuperación económica si no superamos la emergencia sanitaria, que no la hemos superado aún”. Y, por último, emplazó a los líderes territoriales a que no establezcan “una contradicción entre salud y economía porque van de la mano”, ya que “nos podemos encontrar con un rebrote mucho más contundente”. Si no superamos la emergencia sanitaria, concluyó, “cualquier medida de recuperación puede quedar en duda. Os pido que trasladéis prudencia porque el riesgo existe y está muy presente”.