El precio de no hacer nada

Tenían la herramienta más poderosa para evitar la especulación, pero eligieron no usarla. El artículo 47 de la Constitución no solo reconoce el derecho a una vivienda digna. Dice más: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. IMPEDIR LA ESPECULACIÓN. No ignorarla. No fomentarla. No consolidarla. 

El mandato lleva 47 años negro sobre blanco escrito en la Carta Magna y más de 40 transferidos a las Comunidades Autónomas. Son ellas las que tienen la competencia para regular el suelo y son ellas las que han decidido no hacerlo. Con la aquiescencia, eso sí, de todos los gobiernos centrales que ha tenido la democracia. Por desidia, por cobardía, por intereses inconfesables, por lo que sea, pero no hicieron nada y ahora estamos pagando el precio.

El caso de Maricarmen no es el único, pero es el que ha puesto rostro al drama que viven millones de españoles, Jóvenes y mayores. Ella, con 87 años y 71 en la misma casa del distrito de Retiro con una renta antigua de 500 euros desde 1954 ha sido víctima de la empresa Urbagestion, que le exigía 2.650 euros mensuales y ha acabado echándola a la calle por no poder pagar un alquiler de más del triple de lo que pagaba hasta ahora y del doble de su pensión. 

Llámenlo especulación, abuso, estafa… Como gusten, pero ahí estaba el artículo 47 sin que nadie lo invocara. Y ahí estaba también el interés general para impedir la especulación que la Comunidad de Madrid no invocó para regular el uso del suelo. Ahora el Gobierno de España negocia a la desesperada el decreto que evite casos como el de Maricarmen, que incluya también prórrogas de los contratos hasta 2028, que suspenda los desahucios si los propietarios son fondos buitre, que aplique una subida del IVA turístico al 21%, que implemente bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler, que apruebe ayudas para los inquilinos y que vete la compra especulativa de viviendas a los fondos buitre. 

El acuerdo es complicado, aunque no inalcanzable. Es cierto que hay que conciliar posiciones políticas tan dispares como las de Junts y Podemos, si bien aquel que defienda posiciones de máximos e impida la aprobación de la norma quedará retratado a tan solo unos meses de las elecciones generales. Disfrute entonces cada cual de lo votado. Pero, más allá de esto, ahí seguirá el artículo 7 de la Constitución sin que nadie se decida, por ejemplo, a intervenir decididamente el suelo, a expropiar las parcelas urbanizables que llevan más de 5 años paralizadas y sin construcción. Las autonomías tienen la competencia y jamás la han usado, pese a que hay toda una generación de jóvenes con trabajo -precarios casi siempre-, con dos diplomaturas, tres másteres y cuatro idiomas que, pasados los 30, siguen en casa de los padres o compartiendo vivienda porque no alcanzan a pagar solos un alquiler que les permita tener un proyecto de vida. 

Y todo porque la derecha nos vendió que el mercado se autorregula solo y que con la liberalización del suelo la oferta bajaría los precios. Falso. Madrid, pero también otras grandes ciudades españolas, es hoy una ciudad tomada por los pisos turísticos, por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi) que compran edificios enteros y por fondos buitre que han convertido el derecho a vivir en un producto financiero mientras gobiernos autonómicos y locales miran para otro lado y, además, se permiten no aplicar la primera Ley de Vivienda aprobada en democracia, que no era la panacea, pero en algo ayudaba. 

Construir vivienda pública no da votos a cuatro años vista y tampoco enfrentarse al lobby inmobiliario, por eso para quienes mandan es mucho más cómodo subvencionar el alquiler con 200 euros que no sirven para nada, que ponerse a levantar barrios enteros con vivienda social. El resultado es una España que tiene el parque de vivienda pública más pírrico de Europa, con menos del 2,5% del total del parque inmobiliario, mientras Francia tiene el 17% o Austria, el 23%.