Uruguay creará una fiscalía especializada para crímenes cometidos en la dictadura

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento un proyecto de ley para la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura de ese país (1973-1985), informaron hoy medios locales y confirmaron a Efe fuentes oficiales.

Se trata de una iniciativa de la Fiscalía General del país suramericano, que fue presentada al Poder Ejecutivo, que tiene como objetivo “hacer un esfuerzo” para que desde el Estado exista una “política de persecución” de estos casos, según detallaron a Efe fuentes de este organismo.

Además, explicaron que el proyecto, que encabezó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, ya fue aprobado por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y que en los próximos días se estará remitiendo al Parlamento para su discusión y posible aprobación por parte del Poder Legislativo.

“La idea es que una de las fiscalías penales del país, no sabemos cuál todavía, podamos transformarla en una Fiscalía Especializada en delitos de lesa humanidad haciendo foco en la última dictadura”, señalaron.

Sin embargo, estas fuentes de la Fiscalía General declinaron divulgar el anteproyecto de ley en el que se encuentran los detalles sobre la creación de este nuevo organismo.

En ese sentido, según publicó hoy el semanario local Búsqueda, que tuvo acceso a este documento, la nueva sede de esta fiscalía especializada “conocerá exclusivamente en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos” en un determinado periodo.

Asimismo, se destaca que, con la creación de una nueva Fiscalía Especializada en delitos cometidos durante la dictadura se busca tener una “visión integral de los hechos”, y atenderlos “en forma exclusiva sin la distracción que genera atender otras materias”.

Uno de los condenados fue el militar uruguayo Manuel Cordero, el único miembro de la dictadura uruguaya que pudo ser juzgado en Argentina por la causa, ya que en ese país no se pueden realizar juicios en ausencia y las extradiciones de los demás responsables fueron negadas por la Justicia uruguaya.

Muchos de ellos se encuentran actualmente cumpliendo condenas en Uruguay, ya sea en centros de reclusión o en régimen de prisión domiciliaria.