Vía libre al juicio de una diputada, en un caso que podría favorecer al chavismo

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) consideró hoy que hay elementos para enjuiciar a la diputada opositora María Aranguren por presunta corrupción, un proceso que podría llevar a su destitución del escaño y, de ser así, allanar el camino a una mayoría chavista cualificada.

Con el fallo, difundido en un comunicado, el TSJ accedió a la petición de la fiscal general, Luisa Ortega, y abrió la puerta al retiro de la inmunidad parlamentaria de Aranguren.

La diputada está acusada por la Fiscalía de los delitos de peculado doloso, asociación para delinquir y legitimación de capitales por supuestas irregularidades detectadas en la época en la que fue presidenta de una empresa inmobiliaria en la capital del estado Monagas (oeste) creada con dinero público.

El TSJ informó que de esta manera rechazó la solicitud de sobreseimiento interpuesta por los abogados defensores de la legisladora, una disidente del chavismo.

Según ha dicho la diputada, el Gobierno persigue que su suplente, Carlos Flores, ocupe su escaño en la Asamblea Nacional y vote a favor de una solicitud de poderes especiales para el presidente del país, Nicolás Maduro.

La denominada Ley Habilitante, como se conoce a este permiso, otorgaría a Maduro la capacidad de legislar, gobernar por decreto, sin contar con el control de la Asamblea, pero para su aprobación se requiere una mayoría cualificada de 99 diputados y el chavismo teóricamente cuenta con 98.

El TSJ dijo que ordenó notificar sobre la sentencia contra Aranguren a la AN, que deberá convocar a una sesión para debatir sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria de la diputada.

Aranguren sostiene que la Fiscalía ya le inició un procedimiento en 2008 en Monagas, estado por el que es diputada, sin que entonces se hallaran evidencias para procesarla.

Esta no es la primera vez que la fiscal general solicita al TSJ una medida de este tipo contra diputados de la oposición.

En julio pasado, el TSJ aceptó la petición del Ministerio Público para procesar por supuesto fraude tributario y enriquecimiento ilícito al también diputado opositor Richard Mardo, cuya inmunidad fue finalmente levantada.

También tiene pendiente de resolver una petición similar contra el también diputado opositor Juan Carlos Caldera.