La defensa de los jóvenes de Alsasua considera “alarmante” que se pretenda “forzar” la ley para atribuirles delitos de terrorismo y relacionarlos con ETA
“No hay ningún rasgo ni naturaleza terrorista”. Con esas palabras se ha expresado este jueves Amaia Izko, abogada de la defensa de dos de los acusados por la supuesta agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua, durante la décima sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. En su opinión, es “alarmante” que las acusaciones y la Fiscalía pretendan “forzar los límites” del Código Penal para atribuir a los encausados delitos de terrorismo, dado que cree que durante el juicio no se ha demostrado esa vinculación de los hechos con ETA o con otras organizaciones terroristas.
Izko ha señalado que la trifulca ocurrió “en altas horas de la madrugada” y en “un entorno festivo”. Y ha destacado que se trató de un “episodio fortuito y casual” dado que “nunca” había sucedido ninguna agresión a guardias civiles en Alsasua a pesar de que los agentes frecuentaban los bares de la localidad. Son, en su opinión, unos “hechos aislados” que no responden a ninguna “estrategia” ni persiguieron “objetivos predeterminados”. Lo ocurrido fue “fruto de una discusión” que tuvo “consecuencias” de “lesiones de menor entidad” para las víctimas, dado que únicamente presentaron “moratones, raspazos” y una rotura de un tobillo.
La letrada, representante de Jokin Unamuno –en prisión provisional– y de Ainara Urquijo, ha tratado de desmontar los argumentos tanto de la Fiscalía como de las acusaciones que consideraron probada la vinculación de los ocho jóvenes acusados con el terrorismo. “Solo una interpretación absolutamente abierta de esta norma penal, casi como si fuera una norma penal en blanco, permitiría enmarcar los hechos en el artículo 573 del Código Penal” que tipifica los delitos de terrorismo, ha insistido, tras señalar que para que los hechos se pudieran calificar como terroristas se tendrían que haber producido delitos graves. “Ninguno de lo delitos entra dentro de la categoría de delito grave”, ha remarcado.
“¿Se pude decir que la finalidad de los hechos o las personas enjuiciadas tenían como objetivo destruir el Estado democrático o sus instituciones?”, se ha preguntado. “Eso no se puede afirmar así”, ha concluido. Asimismo, Izko ha recalcado que los acusados no tienen “ninguna relación con ninguna organización terrorista”, ni con ETA. Durante el juicio, ha dicho, la única vinculación que se ha demostrado es la de los acusados con el movimiento Ospa, que busca la salida de la Guardia Civil y de otros cuerpos policiales del País Vasco y de Navarra. Pero ha asegurado que ese movimiento “ni es ni se le define como organización terrorista”.
Por todo ello, Izko ha pedido la libre absolución de los acusados para quienes la Fiscalía y las acusaciones piden, en total, 375 años de cárcel.
