El juez archiva la investigación contra Gallardón y González por la compra de Inassa
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del 'caso Lezo' sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.
También exculpa al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas del 'caso Lezo', ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera 'mano derecha' de Gallardón.
La Audiencia Nacional investigaba si ya en la primera operación del Canal en Latinoamérica hubo un desvío de fondos. Gallardón y sus consejeros aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. La Fiscalía empezó a tirar del hilo tras grabar una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que había tapado el “muerto” de su antecesor. Anticorrupción defendió en un primer momento que se había pagado un precio excesivo y apuntó al posible reparto de comisiones.
La mayoría de los consejeros de Gallardón imputados defendieron que no hubo un sobreprecio en la compra de Inassa -que tenía en propiedad Triple A, la empresa que gestionaba el agua de Barranquilla (Colombia)- y que se utilizó una sociedad interpuesta con sede en un paraíso fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del consejo de administración del Canal sí que han llamado la atención sobre que la información que tuvieron fue muy escasa y que tomaron la decisión con poco tiempo para estudiarla. La fiscal del caso preguntó directamente a Gallardón si había cobrado comisiones. “Me duele que me lo pregunte”, respondió.
En un escrito de 12 páginas dirigido al juez, la Fiscalía pidió la semana pasada levantar la imputación en esta pieza de Lezo, la de Inassa, a 15 personas y procesar a otras 22, lo que ha asumido en su totalidad el juez. De entre los 15 para los que pidió la Fiscalía el archivo, y que ahora acuerda el juez, figuran miembros del Consejo de Gobierno que aprobó esa compra como el exvicepresidente madrileño Manuel Cobo o Carlos Mayor Oreja, que también fue presidente del Canal de Isabel II (CYII).
De este modo, el juez procesa a los 14 miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo; el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero del Canal hasta 2015.
Según el juez y la Fiscalía, aprobaron la compra “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”, operación por la que también han sido procesado 5 trabajadores de Triple A de Barranquilla vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar).
La adquisición de Inassa, “estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana WATCO”, señala el auto.
Eso -agrega- provocó “un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados -WATCO SA- que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica”.
En esta misma resolución, el juez acuerda incorporar dos informes periciales aportados por la Fiscalía, “al ser una prueba relevante y necesaria” de esas irregularidades en la compra de Inassa.
En ese proceso, al que se vinculó el Canal asociándose con la empresa Tecvasa -sociedad en la que los investigados eran socios minoritarios- intervinieron, según el juez, el que fuera director económico y de desarrollo comercial del Canal, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, entonces subdirector de Nuevos Negocio.
Su actuación contó “con el beneplácito” de Arturo Canalda González -director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001-“, quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación -la interposición societaria y el sobreprecio-, la presentó a los consejos de administración correspondientes para obtener autorización.
Por eso también fue decisiva la actuación de los miembros del Consejo de Administración del Canal, que autorizaron la compra en noviembre de 2001, “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”.
Con esta autorización y la que obtuvieron del Consejo de Gobierno, López Heras, en representación de Canal Extensia firmó el acuerdo de compraventa, por el que se calcula que el Canal abonó indebidamente un importe comprendido entre 17 y 29 millones de dólares
