La Audiencia de Baleares archiva la última querella de los policías que vejaron a una concejala de Palma por ser lesbiana

La Audiencia Provincial de Baleares ha decretado el archivo de la última querella interpuesta por varios policías contra la exagente y actual concejala de Justicia Social del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas. Se trata de los mismos excompañeros de la Policía Local que, “movidos por su odio y desprecio” a la condición homosexual de Vivas, la vejaron por ser lesbiana, unos hechos por los que acabaron siendo condenados, con sentencia firme del Tribunal Supremo, por delitos de coacciones, denuncia falsa y falso testimonio.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia, mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, han dado así carpetazo definitivo a la denuncia con la que los agentes acusaban a la edil de Podemos de emplear contra ellos los mismos informes médicos que la expolicía había utilizado en otra causa con el objetivo de dar credibilidad a los daños sufridos como consecuencia de las vejaciones.

“No apreciamos ninguna maniobra tendente al engaño, a la manipulación, al ocultamiento de la verdad, a su falseamiento, ni tampoco el delito de falso testimonio”, señala tajante la resolución judicial, que confirma, de este modo, el auto con el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma archivaba el pasado mes de mayo la última causa que permanecía abierta contra Vivas.

En su resolución, ya firme, el juez que en primera instancia sobreseyó las pesquisas aseveraba que el delito de estafa procesal que los policías atribuían a Vivas exige la puesta en marcha de “una trama que necesita un complejo desarrollo” que debería haberse iniciado con la presentación, ante un órgano jurisdiccional, de “una petición falsa con el objeto de inducirle a que satisfaga sus pretensiones [las del denunciante], lo que, correlativamente, podría producir un perjuicio a la persona contra la que se dirige el proceso”. Todo ello, además, mediante una “escenificación” sustentada en “premisas desleales y torticeras”, lo que el juez señala que no sucedió en el caso de Vivas.

El instructor descartaba, así, que la concejala hiciese uso de “ardides, inexactitudes y falsedades” en su denuncia contra los policías y que buscase con ellos engañar al juez y “tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones”. Asimismo, afirmaba que los documentos médicos que Vivas presentó “no aparecen manipulados ni en su escritura, ni en sus fechas, ni en ningún apartado de los mismos, motivo por el que difícilmente podían inducir a error a los magistrados de la Audiencia Provincial” que enjuiciaron a los policías.

Tanto la Fiscalía como la propia regidora habían solicitado el sobreseimiento de las investigaciones al considerar que en ningún momento se produjo intento de fraude como tampoco hubo voluntad alguna de condicionar a los magistrados.

La Audiencia, ahora, hace suyas las conclusiones del juez de instrucción y pone fin al 'via crucis' judicial al que, a lo largo de los últimos años, se ha visto sometida por parte de quienes la humillaron por ser lesbiana. “Mis acosadores me han perseguido hasta el final. Denuncias múltiples y utilización de la justicia para destruirme”, manifestaba en mayo la expolicía local nada más conocer el archivo de la última querella que pesaba sobre ella.

Vinculación con el caso Cursach

Cabe recordar que los policías interpusieron su denuncia a través de la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA), que aglutina a decenas de policías locales que, según defienden, resultaron perjudicados por las detenciones y encarcelamientos llevados a cabo cuando el conocido como caso Cursach atravesaba sus momentos más álgidos, con el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán al frente de las pesquisas. Se da la circunstancia de que, en la actualidad, Penalva se encuentra a las puertas del juicio por las supuestas filtraciones a la prensa efectuadas cuando la causa se hallaba bajo secreto sumarial.

La edil, que en su página web atribuye el acoso al hecho de ser “una mujer lesbiana que vive su vida con la naturalidad de la diversidad como bandera”, decidió llevar a los tribunales el continuo maltrato al que aseguraba estar sometida por su orientación sexual. Su denuncia pasó a formar parte de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó el caso Cursach, que, en esencia, centró su instrucción en una presunta trama policial de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los negocios del magnate de la noche Bartolomé Cursach. La macrocausa se encuentra ahora pendiente de enjuiciamiento, con 24 acusados en el banquillo y peticiones de condena que suman más de cien años de prisión.

Mientras tanto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la magistrada Carmen Lamela como ponente, confirmó sendas penas de tres años y cinco meses de prisión y de un año y tres meses para los dos acusados de humillar a Vivas al considerar probado que los funcionarios policiales convirtieron su actitud homófoba en la forma habitual de relacionarse con ella. “Realizaban hechos tales como apodarle y llamarle tijeritas, llevarse la mano a los genitales con actos obscenos, hacer chistes de homosexuales en su presencia para que los oyera y mofarse de ella”, detallaba la sentencia. Según el alto tribunal, los agentes intentaron, incluso, que Vivas perdiera su plaza en la Policía Local. 

El pasado mes de abril, la expolicía hizo pública una carta en la que se dirigía a los funcionarios policiales que, “desde hace años, habéis secuestrado la Policía Local de Palma. A esos que, desde el minuto uno en que pedí amparo a la Justicia por el acoso que padecía, convertisteis mi día a día en el mayor de los suplicios”. La edil divulgaba la misiva después de que el Ayuntamiento de Palma abriese unas investigaciones dirigidas a averiguar si la noche del 13 de abril se había celebrado una fiesta presuntamente ilegal dentro de la comisaría de la Policía Local en la que habían participado los dos policías denunciados por homofobia. Las pesquisas se saldaron con el relevo de los dos responsables del turno y con tres expedientes de sanción debido a la presencia no autorizada de ambos policías así como de un tercero investigado en su día en el marco del caso Cursach.

El hostigamiento comenzó en la unidad motorizada pesada nocturna

En su carta, Vivas arremetía con dureza contra quienes abrieron las puertas de la comisaría “a delincuentes que han cumplido y cumplirán condena de nuevo por maltratarme durante años dentro del mismo cuartel en el que los recibís entre risas, abrazos y alabanzas”. Y proseguía: “A los que tenéis amordazados a todos los policías honrados y honestos, mientras apuntáis con una pistola a la cabeza de todo el sistema de derecho. A los que sembráis el miedo fuera y también dentro. A los que me llamabais mentirosa por denunciar un acoso del que muchos de vosotros erais conocedores”.

Pedagoga y educadora social y experta en ciencias forenses y derecho sanitario, la trayectoria profesional de Vivas, firme activista en favor del feminismo, se forjó en un entorno eminentemente masculino, el del cuerpo policial de Palma, al que accedió en 2004 tras formar parte de una promoción de 90 aspirantes en la que ella era la única mujer. En 2007 entró en la unidad motorizada pesada nocturna. Allí, y a partir de ese momento, como considera acreditado el Tribunal Supremo, comenzó el hostigamiento.

En su último libro, 'Vinieron a por mí' (2021, Editorial Península), la edil relata la espiral de acoso en la que se vio envuelta durante cerca de diez años y la afectación psicológica que acabó lastrándola. Vivas se especializó en delitos contra las libertades fundamentales y creó y lideró la única unidad de protección a la diversidad de Baleares –el servicio de atención a los delitos de odio–. En 2018 ingresó en las filas de Podemos y, al año siguiente, concurrió a las elecciones municipales como número dos de las listas del partido en Palma.

Desde que en 2016 decidiese llevar a los tribunales el continuo maltrato que denunció estar sufriendo debido a su orientación sexual, la batalla de la ex agente por desnudar el acoso de sus compañeros ha transitado por terreno minado: la expolicía ha tenido que enfrentar varias denuncias en su contra y defenderse, asegura, de un montaje policial dirigido a aislarla, escarmentarla y desacreditarla. Todas las querellas han sido archivadas.