La Audiencia de Madrid descarta que Interior prevaricara por el cese de Pérez de los Cobos

La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el pasado octubre la denuncia presentada por Vox por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil al no apreciar delito de prevaricación en la actuación de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, ni del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

En el auto de la Audiencia Provincial del 15 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados explicaron que este tipo de conflictos se deben resolver en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y consideraron que “carecía de fundamento abrir una investigación penal”. “Y menos todavía practicar diligencias de investigación de carácter especulativo con el fin de comprobar la eventual existencia de otros delitos”, apuntaban.

La Fiscalía respaldó que no se abriera causa penal contra el departamento ministerial, una idea que los magistrados comparten porque la posible ilegalidad de un acto administrativo, incluso de carácter grave o que conlleve su nulidad, no significa que exista un delito de prevaricación. “No es suficiente la mera ilegalidad o contradicción con el Derecho, cuyo control corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo”, señalaban los magistrados sobre la posibilidad de imputar un delito a los responsables del Ministerio del Interior, tal y como solicitaba Vox.

Pendiente de recurso 

El cese del coronel está en la actualidad pendiente de la resolución que dicte la Audiencia Nacional tras el recurso presentado recientemente por el Ministerio del Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este otro órgano judicial después de que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 anulara y dejara sin efecto su destitución al considerar “ilegal” la motivación esgrimida por Interior.

Según esa sentencia, el coronel cumplió con su obligación al no informar de las pesquisas sobre el 8M, que afectaban al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque la instructora de ese caso le había impuesto el deber de reserva. En la resolución del cese firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se indicaba que el motivo del cese había sido la negativa de Pérez de los Cobos a informar sobre investigaciones en curso.

En su recurso, la Abogacía del Estado insiste en que el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska cesó al coronel del puesto de libre designación que ocupaba como consecuencia de una “pérdida de confianza” por no estar de acuerdo con su forma de “proceder” y niega que se hiciera uso de esa potestad administrativa “para un fin distinto del legalmente previsto”. 

El recurso expone las razones que, según Interior, le llevaron a perder la confianza en el coronel y se opone a que, tratándose de un puesto que requiere de la máxima confianza, no pueda ejercerse desde el poder ejecutivo total libertad en el momento de la destitución. “La suficiencia de un comportamiento para generar una pérdida de confianza no puede ser objeto de control judicial, ya que, de lo contrario, estarían controlándose las condiciones subjetivas determinantes de la confianza”, se puede leer en el escrito. 

Interior insiste en ese escrito en que el motivo del cese fue la pérdida de confianza por dejar de informar de “incidencias relevantes” y cuya comunicación “no constituye ninguna contravención de la legislación aplicable o de las órdenes de la magistrada”. De hecho, asegura que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones de incidencias sin poner objeción alguna y “cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo”.