La Audiencia Nacional frena la investigación al comisario que impulsó el montaje de la cocaína contra Urbán
La investigación por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos en 2016 vuelve a encontrarse con dificultades pese a las evidencias de la manipulación y su interés en atacar al partido político. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de ratificar la negativa del juez del caso, Santiago Pedraz, a imputar al comisario José Luis Olivera, quien impulsó que se abriera un caso a Urbán y a la formación política pese al disparatado testimonio que sostenía la acusación de la venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Los magistrados de la Sección Tercera asumen el criterio de Pedraz de que la operación policial estaba justificada porque había un confidente que había delatado unos hechos muy graves y que luego fue a la Fiscalía Antidroga a ratificarlos.
Esa confidencia incluía que Urbán había cargado con una bolsa de 40 kilos de cocaína hasta Malasaña y después de la venta había celebrado la misma a gritos en el bar, confesando que la droga era venezolana y serviría para financiar al partido. En ese momento, Urbán era eurodiputado, pero el confidente le situaba habitualmente en las esquinas del céntrico barrio madrileño trapicheando con drogas.
Los magistrados destacan que “la declaración fue ratificada por el testigo en la comparecencia que posteriormente efectuó ante el Ministerio Fiscal, lo que constituye un obstáculo insalvable –aunque finalmente no se obtuviesen resultados de la investigación y las diligencias fuesen archivadas– para acoger la inferencia realizada [por los abogados de Podemos] que conduce a la atribución de móviles espurios” a los policías que enviaron el testimonio a Antidroga.
El montaje se produjo en plena oleada de informaciones falsas sobre Podemos, salidas del Ministerio del Interior, para debilitar a la formación que había obtenido 69 escaños en diciembre de 2015 y amenazaba con integrar un gobierno de coalición tras los comicios que se celebrarían en junio del año siguiente.
La intención última de la brigada política era acceder a las cuentas de Podemos y atribuirle financiación irregular, como ya adelantaba una nota anónima remitida a la Fiscalía Antidroga y que vinculaba la venta de droga con el blanqueo de capitales por parte de la formación política.
Los magistrados de la Sala de lo Penal dejan, sin embargo, la puerta abierta a una posible imputación de Olivera en el futuro. Los abogados de Podemos se quejaban de que se rechazara investigarlo cuando Pedraz sí ha aceptado imputar a Villarejo por su posible autoría de la nota sobre el “pitufeo” (blanqueo de capitales). Razona la representación del partido que si el juez ha solicitado documentación antes de decidir si imputa a Villarejo, Olivera debería ser investigado también por el uso que hizo de esa información falsa.
Los magistrados aseguran que su compañero Pedraz, “al ordenar la investigación del hecho, tampoco descarta que en el curso de ella puedan aparecer otros responsables”, en referencia a Olivera. “Habrá de ser en el desarrollo de la investigación donde se adopten las decisiones que correspondan en función de los resultados que se alcancen”, recogen en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es. La Sala ha corregido en el pasado otras decisiones de Pedraz, por ejemplo su negativa a investigar el montaje de la cocaína y a conceder la condición de perjudicado a Miguel Urbán.
Podemos pide la imputación del delator
El confidente Hugo Chiquero declaró el pasado viernes en la Audiencia Nacional que no recordaba nada de su delación contra Urbán. Esto ha provocado que la representación de Podemos en la causa por la guerra sucia contra el partido haya solicitado que vuelva a declarar, pero ya con la condición de investigado.
“En su comparecencia ha exhibido una supuesta falta de memoria sobre los hechos que presuntamente presenció y denunció, llegando a afirmar que 'no recuerda nada', ni siquiera si, en orden a la realización de su inicial declaración, fue o no condicionado por agentes de policía”, reza en el escrito de Podemos.
Al mismo tiempo, la representación legal del partido solicita que se oficie a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que emita un informe sobre los antecedentes penales y policiales del confidente, si los hubiera, qué otras denuncias puso ante la Policía, así como que se identifique a los funcionarios policiales que han hecho búsquedas sobre él en las bases de datos. El partido también quiere saber si a Chiquero se le pagaron con fondos reservados.