Los jueces indagarán sobre los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para priorizar la dispensación de los nuevos fármacos contra la hepatitis C. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso presentado en enero por el Partido Socialista de Madrid contra la resolución del ministerio, de diciembre de 2014, sobre el uso de antivirales.
En un decreto fechado el pasado día 9, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia requiere al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los expedientes administrativos relativos a la impugnación y le da 20 días para aportalos. Ésta se trata de uno de los dos recursos contencioso-administrativos que el 12 de enero presentó el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ante la falta de garantía por parte del Gobierno de tratamientos para todos los afectados por la hepatitis C.
Con su iniciativa, el PSM recurre la aprobación del Informe de Posicionamiento Terapeútico (estrategia terapéutica) acordado por la Comisión de Farmacia y el Consejo Interterritorial de Sanidad el 5 de diciembre pasado “por estar también completamente al margen de la evidencia científica”.
Según el PSM, este acuerdo perjudica “a los pacientes creando barreras en el uso de los nuevos fármacos cuya eficacia está totalmente demostrada y cuyo uso está recomendado en las guías de práctica clínica en Europa y EE.UU”.
Dichas barreras afectan a juicio de los socialistas madrileños “especialmente a los pacientes trasplantados que no podrán ser tratados con interferón a menos que se encuentren en una situación que comprometa la vida a corto plazo y también estableciendo limitaciones para el uso de los fármacos en pacientes con fibrosis avanzada”.
El otro recurso presentado el 12 de enero por el PSM tienen que ver con un acuerdo de la Agencia Española del Medicamento, del 18 noviembre de 2014, que aprueba el “Informe de Posicionamiento Terapeútico” (validación del fármaco denominado Solvaldi) “por contener conclusiones obsoletas, extraordinariamente restrictivas superadas por la evidencia científica actual”.
Como explicó entonces Gómez, los recursos forman parte de una batería de acciones judiciales que el PSM anunció el 4 de enero y que incluyen una querella contra el Gobierno y el Ministerio de Sanidad si el Consejo de Ministros no asegura el nuevo medicamento para los pacientes de hepatitis C que lo precisen.