Hace unas semanas las carreteras de la frontera entre México y Estados Unidos se llenaron de inusuales carteles con las caras de varios narcotraficantes del cartel Sinaloa perseguidos por la DEA norteamericana y una recompensa de 45 millones de dólares a cambio de información. Estos carteles de ‘Se Busca’, aparentemente arcaicos en la era de Internet, podrán verse también en España dentro de poco, aunque generalmente más enfocados en la búsqueda de personas desaparecidas que en la de capos de la droga.
El Ministerio del Interior ha llegado a un acuerdo con cinco empresas para distribuir a través de carteles digitales en la vía pública mensajes puntuales con información sobre personas o investigaciones policiales que precisen de la colaboración ciudadana. Por lo general, estos mensajes servirán para localizar a personas desaparecidas, pero también pueden incluir información, por ejemplo, sobre delincuentes en paradero desconocido.
Esto quiere decir que en España, como es bastante habitual en otros países como Estados Unidos o gran parte de Latinoamérica, los ciudadanos podrán ver en la calle los carteles de ‘Se busca’, que hasta ahora formaban parte de un imaginario más cinematográfico que real.
“Es una medida complementaria, no excluyente, que se suma a otros canales, como pueden ser las redes sociales”, explican fuentes de Interior, que afirman que van a implementar este sistema a partir de la experiencia de países, Estados Unidos principalmente, que “han demostrado que la difusión de estos mensajes en grandes nudos de transporte, aeropuertos y estaciones de trenes, alcanza una gran proyección y es muy eficaz en casos de desapariciones internacionales”.
Las empresas que han firmado el convenio son Ipunto, Clear Channel, Exterion, Redext y Gran Pantalla, propietarias de monopostes publicitarios digitales a lo largo de todo el territorio español, tanto en ciudades como en carreteras nacionales y regionales, también en estaciones de tren, autobuses o aeropuertos, y serán ellas las que asuman los costes de la reproducción de estos mensajes.
En ellos, según el convenio al que ha accedido este diario, aparecerá “información que se considere necesaria y de utilidad para la prevención, detección, investigación de infracciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública”.
Serán mensajes que podrán contener el día y lugar donde se produjo el hecho que está siendo investigado; nombre, edad y sexo de la persona interesada; una fotografía actualizada y una descripción física completa de la persona, así como de la ropa que llevaba el día que fue vista por última vez; datos médicos y de salud o información adicional sobre, por ejemplo, el vehículo que utilizaba.
El mensaje, detalla el acuerdo, “incluirá el número o números de teléfono para la recepción de las llamadas de colaboración ciudadana y, en su caso, una dirección de correo electrónico u otro canal apto para recibir información”, o si se diera el caso, “una frase informando a los ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con la persona interesada”. Por último, “contará con elementos gráficos y/o de texto que permitan fácilmente identificarlo como una alerta de contenido oficial”.
De acuerdo con lo firmado, estos carteles no supondrán coste alguno para la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska: “El presente convenio no conlleva contraprestación económica alguna. Los espacios destinados a la divulgación de información objeto de este convenio serán ofrecidos por las entidades, en tanto tengan disponibilidad, y de forma gratuita”. Según fuentes de la cartera, las empresas han accedido a hacerlo de forma gratuita “como una contribución a la sociedad en situaciones excepcionales”.
Aunque el convenio no está exclusivamente pensado para alertar de la desaparición de determinadas personas y pedir ayuda en su búsqueda, sí será una de sus principales utilidades, según fuentes de Interior.
El Ministerio firmó en marzo un plan estratégico en materia de personas desaparecidas, el primero de este tipo en España, que está dotado con casi 2,3 millones de euros y busca “prevenir la desaparición de personas, así como mitigar o reducir el sufrimiento producido por este fenómeno en los familiares y allegados”.
Desde 2010, cuando se puso en marcha la base de datos sobre Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), se han registrado en España “un total de 219.425 denuncias de personas desaparecidas, con una media anual que fluctúa entre los 20.000 y los 30.000 casos denunciados e investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Según el Centro Nacional de Desaparecidos, durante el 2021, se reportaron 22.285 denuncias totales, principalmente en Las Palmas (3.446); Madrid (2.205) y Barcelona (2.179).
También servirá para pedir la colaboración ciudadana en los casos de personas que se hayan fugado de la Justicia, tanto en España como en otros países. El Ministerio tiene un acuerdo de colaboración, por ejemplo, con la National Crime Agency de Reino Unido, con la operación ‘Most Wanted’, a través de la que las autoridades británicas facilitan información sobre los delincuentes que tienen vínculos en España o de los que tienen sospechas de que se han trasladado aquí.
Se trata sobre todo de sospechosos de homicidio, tráfico de drogas o de armas, la mayoría con lazos en la Costa del Sol. Ahora, sus caras posiblemente aparecerán en estos carteles, bajo el rótulo de ‘Se busca’.