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El plan de Casado sobre vivienda: ceder suelo público a la privada para construir pisos en alquiler y cárcel para los okupas

El líder del PP, Pablo Casado.

Iñigo Aduriz

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha presentado este miércoles 10 medidas concretas con las que las que la formación pretende hacer frente al problema de la vivienda en el caso de que consiga gobernar después de las elecciones generales del 10 de noviembre, entre las que destaca la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de 100.000 nuevos pisos que se pondrían en régimen de alquiler o contemplar penas de cárcel para los 'okupas'. 

En un acto en Palma (Mallorca), Casado se ha comprometido a “poner a disposición de los españoles más suelo público”. Según ha explicado, “hay mucha parcela y extensión de terreno que tienen ayuntamientos, comunidades e incluso el Gobierno que no se está utilizando”. Por ello ha propuesto “hacer un inventario de suelo público para que a través de colaboración público-privada se construyan 100.000 pisos que se pondrían a disposición de un parque de vivienda de alquiler en toda España”.

También ha planteado “reactivar el sector de la construcción” a través de un “plan de rehabilitación” de edificios “para la sostenibilidad energética con deducciones fiscales”, de forma que esas construcciones se adapten “a los requerimientos de la sostenibilidad ambiental” actuales.

Entre otras iniciativas, el líder del PP también ha propuesto “que el impuesto de actos jurídicos documentados se suprima a los que accedan a su vivienda habitual” o “prorrogar la moratoria de desahucios de familias con hijos hasta 2023”. También que haya “seguros de arrendamiento para los colectivos que tienen problemas de acceso a la vivienda” o “apostar por la deducción fiscal para los arrendadores” de forma que se puedan deducir “lo que declaran como renta por alquiler”.

Casado también ha vuelto a poner encima de la mesa “una ley antiokupación que vuelva a recuperar la normativa que puso en marcha el PP antes de que el PSOE la cambiara” y que contemplaba “penas de cárcel de 1 a 3 años” para los okupas.  

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