Catalá: el apagafuegos que Rajoy envió a Justicia incendia a jueces y fiscales

El de Justicia es un ministerio caliente. En tres años escasos de gestión se había chamuscado Alberto Ruiz-Gallardón, la eterna esperanza de la derecha española, el gestor sobradamente preparado del PP, que sin completar siquiera una legislatura abandonó el cargo para retirarse a la vida civil. Antes había arruinado la incipiente carrera política del fiscal Mariano Bermejo, que tuvo que dimitir en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acosado por el PP tras descubrirse que participó en una cacería -sin tener licencia- junto al juez Baltasar Garzón, cuando este daba los primeros pasos en el caso Gürtel en febrero de 2009. (Eran aquellos tiempos en que Rajoy miraba el reloj y decía: “Son las 12:20 y Mariano Bermejo no ha dimitido”).

En el Pleistoceno de la política española hasta Francisco Fernández Ordóñez había tenido que renunciar a esa cartera en el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo -corría el año 1982- convencido de que le iba a resultar imposible sacar adelante las reformas que el país necesitaba y escandalizado por los casos de torturas policiales.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es en sí mismo un tratado de historia política, conocía todos esos antecedentes cuando le confió a Rafael Catalá el departamento de Justicia. Fue a la vuelta de las vacaciones de verano de 2014. Gallardón había dejado el ministerio hecho unos zorros: su ley de tasas había indignado a jueces y fiscales casi tanto como a la abogacía, su polémica ley del aborto se quedó metida en un cajón y el proyecto estrella para rebajar a una veintena el número de aforados en España tampoco llegó a ver la luz. Las reformas del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial se quedaron en promesas y el malestar en la carrera, un colectivo en principio nada reacio a las ideas conservadoras, era palpable en casi todos sus estamentos.

Así que Rajoy eligió a un técnico para apaciguar el ministerio y de paso a un grupo importante de potenciales votantes. El presidente conocía a Catalá que ya había trabajado para él como director general en el Ministerio de Administraciones Públicas, el primero que ocupó en los distintos gabinetes de José María Aznar. Además, Catalá venía de trabajar como secretario de Estado de Infraestructuras a las órdenes de una de las personas de la máxima confianza del presidente, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. Y conocía la casa porque también había sido secretario de Estado de Justicia con el ministro José María Michavila hasta 2004. Lo que se buscaba era un tecnócrata para acabar de la mejor manera posible la legislatura de la mayoría absoluta en un momento en que el PP ya estaba en caída libre en las encuestas.

Tres años y medio después, Catalá ha resultado ser exactamente lo contrario. Su gestión en el ministerio no ha mejorado y ahí están los fiascos de la Justicia Digital, el papel cero o el fracaso en la reforma para acortar a seis meses los plazos de instrucción de las causas... O la amenaza de huelga de jueces y fiscales que llevan meses reclamando más medios para la Justicia y subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo en los años duros de los recortes.

Pero ha sido sobre todo su protagonismo fuera del despacho el que ha deparado los mayores sobresaltos al Gobierno. Nada más se ratificado al frente de Justicia en el segundo gabinete de Rajoy, envió un mensaje telefónico al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ya entonces investigado por su ático de Estepona, deseándole que se acabasen pronto sus problemas judiciales: “Ojalá se cierren pronto los líos”.

Durante este último mandato la Fiscalía ha vivido su peor crisis institucional tras el nombramiento de José Manuel Maza, fallecido hace unos meses, como Fiscal General del Estado. Ambos, Maza y Catalá eligieron para Anticorrupción a Manuel Moix, que no duró ni un semestre en el cargo, acuciado por las grabaciones en las que varios de los protagonistas del sumario Lezo, incluido Ignacio González, le definían como el más conveniente para sus intereses al frente de la unidad especial que persigue la corrupción. La noticia de que tenía participaciones en una sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal fue la puntilla de Moix.

Catalá también fue cazado por las cámaras de La Sexta pactando una cita en febrero de 2017 con el entonces presidente murciano Pedro Antonio Sánchez -que se encontraba pendiente de una imputación- durante un rato muerto en una convención del PP en Madrid.

El ministro aprovechó de paso para cargar contra las dos fiscales partidarias, igual que el juez instructor del caso Púnica en aquel momento, Eloy Velasco, de investigar al presidente murciano y les acusó de tener falta de criterio. El presidente murciano acabó imputado y fuera del Gobierno.

Todos esos manejos de Catalá y la sucesión de polémicas en la Fiscalía y el Ministerio llevaron al Congreso a votar su reprobación, una declaración simbólica sin ninguna consecuencia real. Y la oposición ha perdido la cuenta de las veces que ha exigido su marcha.

Catalá siempre le ha restado importancia. Y hasta el momento, ni su partido ni su presidente -si es que no fueran lo mismo- le habían pedido cuentas por haber perdido la confianza del poder legislativo.

Esta semana ha levantado también al judicial en su contra. Todas las asociaciones de jueces y fiscales las asociaciones conservadoras y progresistas salieron en tromba a pedir su dimisión. El Consejo del Poder Judicial, constituido por una mayoría conservadora le ha recomendado responsabilidad y prudencia. Incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, ha dicho este martes en la cadena Ser, que sus palabras son un “ataque directo” a la independencia judicial.

El ministro había ido graduando sus palabras desde que el pasado jueves se conoció la sentencia de la manada, que condena a cinco hombres a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven en los sanfermines de 2016 pero los absuelve de agresión sexual. El falló contó con un polémico voto particular de un magistrado, Ricardo González, que pidió la absolución del grupo, arremetió contra los otros dos jueces del tribunal y cuestionó en términos muy duros la versión de la víctima.

El Gobierno del PP, que se encuentra en sus horas más bajas, con Ciudadanos superándole en las principales encuestas, se apresuró a anunciar un cambio del Código Penal, sin extenderse en los detalles. Catalá se mostró muy crítico con la sentencia, que provocó una oleada de indignación y manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades españolas, desde el primer momento. Pero el lunes durante una entrevista en la cadena Cope dio a entender que el magistrado no está en plenas facultades para formar parte de un tribunal y dejó entrever que el Consejo General del Poder Judicial tenía que haber tomado medidas.

Sus palabras aludiendo al “problema singular” que según él ministro mucha gente conoce, del magistrado que firmó el polémico voto particular no encontraron respaldo en la judicatura, pero tampoco en el Gobierno, ni siquiera en el Partido Popular. Solo la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, salió en su defensa en un primer momento. Este martes ha sido desautorizada por su secretario general, Pedro Sánchez. Un día después de haber pronunciado esa acusación tan grave, lanzada por el propio ministro contra un magistrado, nadie ni en la carrera judicial ni fuera de ella ha sabido explicar a qué se refirió el ministro. En declaraciones a El País este martes, Catalá defendió su derecho de expresión y alegó que muchos de los manifestantes que protestaban contra la sentencia lo hicieron ante el edificio del ministerio.

La sospecha está lanzada sobre el juez, que formalmente sigue en su puesto, y del que no se conocen expedientes del Poder Judicial más allá de unas sanciones por retrasarse al dictar sentencias hace ya algunos años. Mientras, jueces y fiscales de todas las sensibilidades políticas le acusan de haber cometido una intromisión intolerable y reivindican la separación de poderes, en medio de una grave crisis de credibilidad amplificada por el descontento que ha generado la sentencia en amplias capas de la sociedad. Es el último incendio que ha generado Catalá, el apafuegos elegido por Rajoy para apaciguar un ministerio clave y a sectores sociales que siempre han estado cerca del PP.