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Cataluña: De la fuga de sedes sociales a la gestión de la crisis de la covid

Cataluña: De la fuga de sedes sociales a la gestión de la crisis de la covid
Barcelona —

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Barcelona, 30 ene (EFE).- Cataluña llega a la cita del 14F tras una legislatura marcada en lo económico por dos acontecimientos de calado: la fuga de sedes sociales de grandes empresas durante el otoño de 2017, que condicionó el arranque del mandato, y la gestión de la pandemia de la covid, que ha provocado el mayor desplome del PIB catalán desde la Guerra Civil.

Aunque las últimas elecciones se celebraron el 21 de diciembre de 2017, el gobierno surgido de las urnas, formado por ERC y JxCat, tuvo que lidiar en sus primeros compases con el terremoto empresarial provocado por el referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017, prohibido por el Tribunal Constitucional.

Y es que el temor a que Cataluña declarara unilateralmente la independencia llevó a varios miles de empresas catalanas -un total de 4.422 compañías entre octubre de 2017 y la primera parte de 2018- a trasladar sus sedes sociales a otras comunidades.

Dieron ese paso CaixaBank, Banco Sabadell, Naturgy, Abertis, Cellnex, Colonial o Catalana Occidente, entre otras grandes corporaciones.

El Govern destacó que la fuga de sedes sociales no había comportado el traslado de sedes centrales o centros productivos, y aunque dijo que trataría de convencer a esas empresas de hacer el camino de vuelta, sus intentos no dieron resultados porque apenas unas pocas compañías han regresado, entre ellas Agbar, aunque los activos en otras partes de España cuelgan de Suez Spain, con sede en Madrid.

Desde la perspectiva macroeconómica, los primeros años de la legislatura fueron buenos, puesto que la economía catalana crecía a buen ritmo: un 3,4 % en 2017, pese a la crisis política, y siguió esa buena dinámica los siguientes años: un 2,6 % en 2018 y un 2 % en 2019.

La parte negativa, no obstante, es que Cataluña tuvo que funcionar buena parte del mandato con los presupuestos de 2017, aprobados en marzo de aquel año, y que cuando por fin consiguió aprobar unas nuevas cuentas, el pasado mes de abril, se encontró con que los presupuestos nacían ya desfasados por la crisis desencadenada por la covid-19, tan inesperada como devastadora.

Como ejemplo, el impacto provocado por la pandemia en las finanzas de la Generalitat: 5.128 millones, 3.826 millones por gastos extraordinarios y otros 1.302 millones por merma de ingresos. Y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ya ha dicho que la factura de la pandemia será este año igual o mayor.

Aunque todavía no se conoce cuánto se desplomó exactamente la economía catalana en 2020 -el Govern calcula que el batacazo se situará entre el 10 y el 12 % del PIB-, sí que hay ya estimaciones sobre la sangría en términos de empleo: la covid destruyó durante 2020 un total de 137.600 empleos en Cataluña, mientras que el número de parados subió en 132.100, lo que deja la tasa de paro en el 13,87 %.

Por si 2020 no hubiera sido ya un año suficientemente convulso, en plena pandemia estalló también la mayor crisis industrial de los últimos años en Cataluña con el cierre de las plantas catalanas de Nissan, entre ellas la de la Zona Franca.

Se trata de un cierre que afecta directamente a 2.525 empleados y que finalmente se hará efectivo en diciembre de 2021, pero que se estima que afectará a miles de empleos más, porque la onda expansiva ha llegado ya o lo hará a los múltiples proveedores de Nissan, y todo ello sumado a los cierres de diversas fábricas de peso en la industria de los componentes en Cataluña.

Entre las buenas noticias, Barcelona logró renovar por un año más el Congreso Mundial de Móviles, que en 2020 se canceló y en 2021 se ha tenido que reubicar a finales de junio, y el buen comportamiento de las exportaciones catalanas, que antes de la pandemia batían récords año tras año.

En este mandato la Generalitat ha logrado también levantar el control financiero adicional que el Estado aplicaba sobre sus finanzas desde 2015, si bien sigue adherida al Fondo de Facilidad Financiera y sigue dependiendo en gran medida del Estado, que ya controla casi el 80 % de su deuda.

Así pues, el Govern que salga de las urnas se encontrará un panorama económico realmente complicado, puesto que la pandemia, a pesar del inicio de la campaña de vacunación, sigue lastrando aún la economía catalana, con el potente sector turístico catalán aún sin poder levantar cabeza.

Aunque se espera que 2021 sea un año de crecimiento, algo lógico tras el derrumbe económico de 2020, el próximo Govern deberá tratar de aprobar unos presupuestos adaptados al nuevo escenario de crisis y seguir invirtiendo cuantiosos recursos tanto en gasto sanitario como en ayudas para los sectores más afectados.

Además, el escenario de crisis abre varias incógnitas, como cuántos de los trabajadores que ahora están en ERTE en Cataluña -unos 175.000- acabarán siendo despedidos o qué mortalidad empresarial deparará la crisis de la covid-19.

Y es que, a pesar de que todavía no se atisba el final de la pandemia, ya se estima que habrá que esperar al menos a 2023, e incluso hasta 2025, para recuperar los niveles de actividad de 2019, es decir, los previos a la pandemia.

Javier Díaz

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Publicado el
30 de enero de 2021 - 13:30 h

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