El CGPJ exculpa a la jueza por el extravío de la causa del borrado de ordenadores del PP

De acuerdo con la versión ofrecida por los protagonistas, la documentación de la investigación del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas cayó en un agujero negro situado en algún punto entre el Juzgado número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial. A la espera de que un juez de Madrid determine qué ocurrió, el Consejo General del Poder Judicial ha hablado, eximiendo de toda responsabilidad a la magistrada Rosa María Freire, que instruía la causa, y señalando a la “esfera competencial” del secretario de dicho juzgado, Guillermo Vázquez Ariño.

Ante la queja presentada por Observatori Desc, que ejerce la acusación popular del caso Bárcenas, el promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial abrió una información previa. Tras consultar al secretario del Juzgado número 32 y la Audiencia Provincial, ha dictado un acuerdo en el que archiva la queja porque sus competencias –una suerte de policía y fiscal para los jueces- se limitan a los magistrados y no se pueden extender a otros funcionarios del juzgado.

En cualquier caso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que así se llama el promotor, recurre al artículo 458-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual “los secretarios judiciales serán responsables del Archivo Judicial de Gestión, en el que (…) se conservarán y custodiarán aquellos autos y expedientes cuya tramitación no esté finalizada”.

En su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, concluye: “A la vista de lo expuesto, entendemos que se trata de una cuestión que afecta a la esfera competencial de la Secretaría al ceñirse al extravío de una documentación que ha dado lugar por otro lado a la reconstrucción de las actuaciones. De este dato extraemos la obligada conclusión de que ninguna responsabilidad puede imputársele en su caso al magistrado, al tratarse de una cuestión que tanto la LOPJ, como las leyes procesales encomiendan, como es sabido, al Secretario”.

En el verano de 2013, la investigación de la financiación irregular del Partido Popular estaba en su punto álgido. En julio, Bárcenas había decidido tirar de la manta y narrar ante el juez la maquinaria de dinero negro y sobresueldos que habitó en el partido desde incluso antes de que se llamara Partido Popular. El 19 de agosto, la formación de Mariano Rajoy contestaba al juez que su petición de los ordenadores del extesorero iba a ser imposible de satisfacer: de acuerdo a un protocolo interno habían procedido al borrado de los mismos y la destrucción de sus discos duros. Lo hicieron, alegaban, después de que un juez diera al PP la razón en la denuncia por robo que impuso el extesorero.

A Ruz le pareció que aquello revestía indicios de delito de encubrimiento por destrucción de pruebas y de daños informáticos. Pero la Audiencia Nacional no era competente para investigarlo y Ruz remitió la causa a los juzgados de Plaza de Castilla. El caso acabó en el juzgado número 32, cuyo titular la archivó. Observatori Desc y otros miembros de la acusación popular recurrieron el archivo y solo la consulta de uno de ellos, UPyD, en la Audiencia Provincial, permitió conocer que el tomo de la causa se había esfumado. En las próximas semanas, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial decidirá sobre los recursos presentados contra el archivo.

Destrucción de agendas y libros de visita

La funcionaria encargada de remitirla desde el juzgado, ahora de baja, mostró una providencia de envío con sello de entrada en la Audiencia Provincial el 31 de marzo de 2004, pero allí no consta haber recibido nunca. El juez citó a las partes para que, entre todos, reconstruyeran la causa. Al tiempo, el juzgado número 27 fue designado para investigar si el extravío de la causa fuera constitutivo de delito. Por el momento, su titular ha tomado declaración a uno de los implicados y se está a la espera de que dicte el archivo o continúe con la instrucción.

El titular del Juzgado número 27 investiga si en el extravío se produjo un delito de infidelidad de custodia de documentos o falsedad de documento público. Este último tiene que ver con la providencia sellada que presenta la funcionaria para justificar que ella hizo entrega a la Audiencia de Madrid de la causa. En cualquier caso, y a la espera de la resolución judicial, el relevo de la funcionaria está relacionado con que debió remitir la documentación a través de un oficio y no por una providencia.

La pérdida de la causa del borrado de ordenadores es el último episodio de lo que las acusaciones califican como “obstrucción a la Justicia” por parte del PP. Primero fue la destrucción de las grabaciones de la sede de Génova, de las agendas de los extesoreros y los libros de visitas, que podrían haber permitido confirmar la presencia de los donantes del PP en las fecha que recogen los papeles de Bárcenas. Después fue el borrado de los ordenadores de Bárcenas y la negativa a facilitar la documentación que Ruz requería, lo que provocó el registro de la sede nacional del PP en diciembre de 2014.

La pasada semana, el sucesor de Ruz, José de la Mata, dictó auto de apertura oral contra Bárcenas, Lapuerta, el exgerente Cristóbal Páez y otras tres personas dentro del caso conocido como los ‘papeles de Bárcenas’, centrado en investigar la financiación irregular del Partido Popular. La formación es señalada como responsable civil a título lucrativo y debe abonar 1,2 millones de euros en concepto de fianza.