Cinco vocales del Poder Judicial ven “coherente” la ley de vivienda y acusan a la mayoría de “extralimitarse”

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, durante un pleno.

Elena Herrera


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Cinco de los seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones que, este  jueves, rechazaron suscribir un informe crítico con el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda han firmado un voto particular en el que califican de “coherente y coordinada” la regulación de los “los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda” que propone el Gobierno y acusan a la mayoría del pleno de extralimitarse en su función con “consideraciones políticas o económicas que no le corresponden”. El texto lo suscriben los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Todos pertenecen al sector progresista. 

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Por quince votos a favor y seis en contra, el pleno de la institución aprobó este jueves un dictamen que alerta de la supuesta invasión de competencias autonómicas y pone objeciones a medidas como la intervención de precios. Un informe que, según los cinco vocales discrepantes, incurre en una “extralimitación del contenido tradicional de los informes de este CGPJ”. A su juicio, la mayoría del pleno realizó una “forzada y poco constructiva intromisión” en aspectos del anteproyecto que son de “absoluta disponibilidad del legislador” y se sirvió para ello de “apriorismos y juicios de intenciones exageradamente críticos” que califican de “impropios” de su función institucional.

Además de hacer estas consideraciones, el voto particular acoge los postulados de un primer borrador de informe elaborado por el Gabinete Técnico del CGPJ bajo la supervisión del vocal progresista Álvaro Cuesta y que, en términos generales, avalaba el texto del Gobierno. Esa propuesta fue rechazada hace dos semanas por los mismos 15 vocales que este jueves suscribieron el informe definitivamente aprobado. 

El texto discrepante no solo se refiere a cuestiones generales, sino que se pronuncia sobre cuestiones concretas de la nueva regulación como la limitación del precio del alquiler en las llamadas áreas tensionadas. Así, defiende que la regulación que propone el Gobierno a este respecto ni hace “irreconocible” el derecho a la propiedad “ni niega su ”utilidad económica“ y tampoco conlleva ”cargas desproporcionadas y excesivas“. E insiste en que está ”dentro de los cánones que contempla la doctrina constitucional y del TEDH“.

Por contra, el informe definitivo califica de “farragoso” el artículo que permite topar ciertos alquileres y cuestiona que la “carga patrimonial” de esa medida no recaiga sobre las Administraciones Públicas, sino en “arrendadores privados” que no son “suficientemente compensados con los incentivos fiscales” previstos en la norma. Además, afirma que la “complejidad reglamentista” de esta medida puede derivar en “no pocos procedimientos judiciales” y critica que “quizás no resulte adecuada” su “generalización y mantenimiento” cuando acabe la pandemia. 

Similares objeciones hace el informe a la disposición que introduce mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad. Así, los ponentes afirman que tanto esta medida como la que permite limitar los precios en zonas tensionadas carecen de “justificación suficiente” y de una evaluación de los “beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas”. Los vocales discrepantes, sin embargo, entienden el anteproyecto introduce “importantes mejoras” en la regulación de los desahucios vulnerables.

El voto particular, de 107 páginas, también rebate las críticas del informe a la supuesta invasión de competencias autonómicas del texto del Ejecutivo. Así, recuerda que “en ningún caso” el anteproyecto “desconoce o niega el tenor” del artículo de la Constitución que subraya que las autonomías “podrán asumir competencias” en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda” e insiste en que eso “no las deja blindadas ante el Estado, que también tiene sus ”obligaciones“ en esta materia. El informe de la mayoría llega a hablar ”expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal“ y augura una situación de gran inseguridad jurídica al resultar difícil determinar qué norma habrá de aplicarse cuando no concuerden entre sí. 

A pesar de tener su mandato caducado desde hace más de tres años, el CGPJ mantiene entre sus funciones la realización de informes sobre anteproyectos de ley y otras disposiciones. Aunque es preceptivo, las conclusiones de ese dictamen no son vinculantes para el Ejecutivo, que está decidido a llevar su texto al Consejo de Ministros del próximo martes sin modificar ningún aspecto esencial. De esta manera, se podrá iniciar por fin la tramitación parlamentaria de una norma a la que los socios se comprometieron hace un año tras una tensa negociación.

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