El Poder Judicial en funciones critica la falta de “compensación suficiente” a los arrendadores por el control de precios

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes

Elena Herrera


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El nuevo borrador de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pone objeciones a una de sus medidas estrella: el freno al alza de los precios del alquiler en las llamadas áreas tensionadas, situadas principalmente en grandes ciudades. Los vocales José Antonio Ballestero, elegido a propuesta del PP; y Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV; han redactado una nueva propuesta tras el rechazo del pleno a un texto previo del progresista Álvaro Cuesta que planteaba, aunque con objeciones, respaldar esta norma.

La nueva Ley de Vivienda nace condicionada por el bloqueo de comunidades y ayuntamientos del PP

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El nuevo borrador, al que ha tenido acceso elDiario.es y que se debatirá en un pleno ordinario previsto para este jueves, dice que el artículo que permite topar ciertos alquileres es “farragoso” y cuestiona que la “carga patrimonial” de esa medida no recaiga sobre las Administraciones Públicas, sino en “arrendadores privados” que, a juicio de los ponentes, no son “suficientemente compensados con los incentivos fiscales” previstos en la norma. 

Además, advierte de que es un “tema constitucionalmente sensible” y de que la aplicación de esta nueva regulación estará condicionada “decisivamente” por las competencias autonómicas a la hora de establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado. Afirma, asimismo, que la “complejidad reglamentista” de esta medida puede derivar en “no pocos procedimientos judiciales” y critica que “quizás no resulte adecuada” su “generalización y mantenimiento” cuando acabe la pandemia.

Similares objeciones hace la propuesta de informe a la disposición que introduce mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad. Así, los ponentes afirman que tanto esta medida como la que permite limitar los precios en zonas tensionadas carecen de “justificación suficiente” y de una evaluación de los “beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas” sobre la base de un análisis empírico. “Tampoco incorpora el anteproyecto cláusulas de salvaguarda, como establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas”, critica el documento.

Competencia autonómica

El nuevo texto remarca las competencias autonómicas en materia de vivienda aludiendo, en varias ocasiones, al artículo de la Constitución que subraya que las autonomías “podrán asumir competencias” en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda” y en virtud del cual las comunidades han aprobado una “estimable legislación” que, según los ponentes, se vería “afectada” por la nueva ley.

En este sentido, el documento afirma que el anteproyecto contempla un “claro dirigismo” de la actuación de las instituciones autonómicas y locales en materia de vivienda que puede tener un “problemático encaje” en el orden constitucional de competencias. Y cita, en este punto, la sentencia del Tribunal Constitucional que, hace más de tres décadas, dejó dicho que las comunidades pueden “desarrollar una política propia” en materia de vivienda.

La propuesta de dictamen es especialmente dura con las definiciones de determinados conceptos vinculados al derecho a la vivienda que recoge el anteproyecto. Afirma que el artículo que recoge esas descripciones “merece una crítica parcialmente desfavorable” al recoger una serie de conceptos jurídicos que incluso llega a calificar de “vulgares” y que “exceden el objeto de una ley”. A este respecto, los ponentes muestran su desacuerdo, por ejemplo, con que se “fosilice” en una ley el concepto de “vivienda digna”, que califican de “relativo” y que creen que debería desarrollarse en un reglamento para que se acomode más fácilmente “a la mutante y variada realidad social”.

“Entre la vivienda ”digna“ y la ”infravivienda“ sin duda existirán necesariamente situaciones intermedias que quedarían en un limbo jurídico.  Por lo que se refiere al ”sinhogarismo“ deja al margen de la protección, para cuya vocación tuitiva nace, a personas carentes de hogar, sin medios para procurárselo, que sin embargo no llegan a integrar alguna de las circunstancias que la norma describe”, cuestionan. 

Mensaje al Gobierno

Este texto será discutido en el pleno ordinario previsto para este jueves, donde necesitará al menos once votos para salir adelante. A pesar de tener su mandato caducado desde hace más de tres años, el CGPJ mantiene entre sus funciones la realización de informes sobre anteproyectos de ley y otras disposiciones. Aunque las conclusiones del informe no son vinculantes para el Gobierno, la aprobación del dictamen sí es un trámite preceptivo.

En su informe, los ponentes subrayan su legitimidad para realizar estos dictámenes tras las críticas vertidas desde el Gobierno, donde han recordado en los últimos días que el CGPJ “solo se puede limitar a valorar cuestiones que afectan a la tramitación procesal”. A este respecto, el documento afirma que el “alcance” de la función consultiva del CGPJ “no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe” y apunta que el Ejecutivo en este aspecto “carece de toda capacidad de disposición” porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación (...) “ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente”.

Tras trascender el borrador, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la “reacción obsesionada con impedir avances sociales” del CGPJ. “La ley de vivienda permitirá por primera vez regular los precios del alquiler en nuestro país. Los intentos de frenar los derechos de los inquilinos vienen de una reacción obsesionada con impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de nuestra Constitución”, ha escrito en su cuenta de Twitter. Podemos ya cuestionó hace poco la imparcialidad del órgano judicial, al entender que se había extralimitado en sus funciones, y señaló que no aceptará ningún cambio al texto pactado en el Gobierno de coalición, dado que el dictamen del CGPJ es “preceptivo pero no vinculante”.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Catalunya sostiene que el órgano de gobierno de los jueces se está extralimitando en sus funciones y actuando de nuevo “en favor del rentismo”. “Nos sorprende que un órgano altamente politizado y que actúa como lobby político opine sobre cuestiones como la regulación del alquiler y pida más beneficios fiscales a los propietarios cuando el anteproyecto ya los contempla”, afirma en declaraciones a elDiario.es su portavoz, Carme Arcarazo.

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