La comisión mixta sobre la pandemia no arrancará hasta septiembre

La comisión mixta de diputados y senadores propuesta por el PP en el Senado para evaluar el impacto de la pandemia del coronavirus a partir de una oferta lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue pendiente de ser aprobada por el pleno y en principio no arrancará hasta septiembre.

La vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha explicado al término de la reunión de la Mesa de la Cámara Alta que “previsiblemente” esta iniciativa se introducirá en el orden del día del pleno extraordinario que se celebrará los próximos 14 y 15 de junio.

Una vez recibido el visto bueno del pleno, su constitución, que también precisaría posteriormente del aval del Congreso, se haría “con posterioridad”, ha apuntado Narbona, es decir, para el siguiente período de sesiones que arrancará en septiembre.

Además, ha señalado que antes hay que esperar a que termine su labor la comisión para la reconstrucción económica y social de la Cámara Baja, cuyos cuatro grupos de trabajo aprueban sus conclusiones mañana miércoles.

En este sentido, ha recordado que cuando Sánchez propuso crear un órgano mixto dejó claro que primero era necesario “culminar” el trabajo de la comisión del Congreso y a partir de ahí el Gobierno era partidario de crear una comisión mixta bicameral.

Narbona también ha señalado en rueda de prensa que la asistencia del presidente Sánchez al Senado para comparecer en el pleno, una vez que todos los ministros lo han hecho en sus respectivas comisiones, no ha sido todavía confirmada desde Moncloa.

“No está descartada pero tampoco confirmada”, ha manifestado sobre una comparecencia en principio comprometida para el mes de julio, y que debería celebrarse en un pleno extraordinario porque el período ordinario de sesiones concluye al acabar junio.

El mes de julio en el Senado, al margen del próximo pleno del 14 y 15, estará exento de actividad de comisiones, salvo una de Justicia que se convocará esta misma semana con carácter excepcional para que pueda tramitarse una reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal remitida por el Congreso.