La comisión sobre financiación ilegal del PP se cierra en falso a una semana del final de la legislatura

Los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP abierta hace casi dos años en el Congreso y tras más de 50 comparecencias, ha finalizado casi peor que como empezó: con los grupos enfrentados entre ellos y sin acuerdo para la presentación de un texto común con las conclusiones de los trabajos. El presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, ha decidido este martes disolver este órgano sin llegar a elaborar un dictamen lo que exime al PP de toda responsabilidad política por la corrupción.

Este martes la Mesa y los portavoces de la Comisión se reunían para ver si había posibilidad de presentar un texto conjunto, pero no hubo manera. El adelanto al 28 de abril de las elecciones generales ha pesado más que otra cosa puesto que el Congreso se disolverá el 5 de marzo y no habrá más sesiones plenarias en las que pueda aprobarse oficialmente un dictamen.

Otro de los factores que ha frustrado ese consenso ha sido la negativa de PP y PSOE a que compareciera en la Comisión Mariano Rajoy. Los demás grupos recuerdan a los socialistas que en la primavera de 2017 acordaron que el expresidente del Gobierno fuese el último en ser interrogado por los comisionados. Al ver se se retractaban, les acusaron de haber pactado que Rajoy no acudiera para evitar que Pedro Sánchez fuese a su vez al Senado para dar explicaciones sobre su tesis doctoral.

El PP, que recurrió la comisión ante el Tribunal Constitucional, ya dejó claro hace unos días que no iba a colaborar lo más mínimo para que se aprobara conclusión alguna. Fuentes del grupo parlamentario señalan ahora que presentarán un voto particular pero solo en el caso de que finalmente haya un dictamen con conclusiones que pueda ser ratificado por el Pleno, algo que ya es imposible de que ocurra.

Los socialistas si han registrado sus conclusiones. En ellas dan por probada la financiación ilegal del PP y creen, además, que “desde su fundación en 1989”, los conservadores “han mantenido una auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”.

En su texto, el PSOE recuerda prácticamente todos los casos judiciales en los que está o ha estado inmerso el partido de Casado, casos que han “provocado alarma social”. También lamentan “la actitud hostil” y “el obstruccionismo” que los dirigentes del PP han mantenido “contra los intentos de esclarecimiento de esa trama de corrupción vinculada a su financiación irregular realizadas en sede parlamentaria, en los medios de comunicación o por instancias judiciales”.

La portavoz del grupo, Adriana Lastra, ha cargado contra Unidos Podemos, a los que ha acusado “de blanquear al PP” al no haber presentado un texto para demostrar que “se llevaron el dinero a paladas”.

Ciudadanos también ha elaborado sus propuestas, al tiempo que ha lamentado no haber podido llegar a un acuerdo con los demás grupos, especialmente con el PSOE. “No podemos acordar nada con quienes han pactado con el PP para salvar a Rajoy de comparecer en el Congreso”, declaró a la agencia Europa Press el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Toni Cantó.

En sus conclusiones también dan por probada la financiación ilegal del PP. Entre otras cosas, citan la sentencia del Gürtel en la que el tribunal certifica que el PP “actuaba como una empresa criminal conjunta”; “que el PP creó en paralelo una auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, y “que el PP tenía como finalidad la obtención ilícita de importantes benéficos económicos a costa del erario publico”.

Los de Rivera, además, proponen que aquellos dirigentes del PP que ostentaron puestos de relevancia durante los periodos investigados asuman “responsabilidades políticas”; piden que “se adopten mejoras en la instrucción y condena de la corrupción”, una “mayor protección para los denunciantes”, así como “la creación de un organismo centralizado” que luche contra esa lacra.

El partido de Rivera, finalmente, “solicita a los próximos miembros del Congreso de los Diputados la reapertura de la Comisión de investigación para finalizar sus trabajos” y a “seguir legislando en materia anticorrupciónn y en favor de la transparencia”.

Por su parte, Unidos Podemos, ERC y Bildu -que ostenta la portavocía del Grupo Mixto en la comisión-, sostienen que la comisión se ha cerrado “en falso” y creen que al final solo se ha pretendido hacer una “faena de aliño”.

Por este motivo, el grupo de Pablo Iglesias ni siquiera ha presentado un texto y apuestan por sacar el compromiso a todos los demás grupos de retomar los trabajos de la Comisión en la siguiente legislatura. La propuesta, según fuentes de este grupo, no ha sido respaldada ni por el PP ni por el PSOE ni por el propio presidente, Pedro Quevedo.

A ellos se ha unido el PNV, que tampoco ha elaborado un texto porque considera que los tribunales ya se están pronunciando sobre la financiación del PP y Rajoy ya pagó sus responsabilidades con la moción de censura que le sacó de la Moncloa.